Camacho: ”La corrupción no podrá esconderse detrás de un uniforme o rango militar”

Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PEPCA), aseguró a su llegada al Palacio de Justicia que la corrupción no tiene espacio dónde esconderse detrás de un uniforme o rango militar en República Dominicana.

“Nosotros estamos concentrados en que la corrupción no tenga espacio en la República Dominicana y que no podrá esconderse en un rango y uniforme militar porque no es justo para los miembros que dignifican el uniforme y que ven afectada su calidad de vida porque un grupo se roba lo que debe utilizarse para mejorar su calidad de vida”, dijo el titular de la Pepca

Con relación al caso Operación 5G, afirmó que este MP tiene un expediente blindado y que no va a los tribunales sino tiene sus procesos blindados. Expresó que, “el expediente es tan voluminoso como la cantidad de hechos que han cometido las personas involucradas, la cantidad de bienes que estas personas han contraído con el dinero sustraído del erario público, y con la cantidad de pruebas con la que cuenta el Ministerio Público para sustentar esta medida de coerción”.

Se recuerda que el Ministerio Público depositó este viernes la solicitud de medida de coerción en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos y Boanerges Reyes Batista, vinculados junto otras 10 personas en el entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G, para quienes pidió la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como de tramitación compleja.

La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que el Ministerio Público solicita coerción para 13 implicados en la operación que se ha denominado 5G.

Además de los generales Torres Robiou (FARD), De los Santos Viola (FARD) y Reyes Batista (ERD), en el caso son imputados el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).

También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.

“Esta medida de coerción cuenta con más de 600 páginas y 700 medios de pruebas documentales que han sido depositados en el tribunal y una vez más ratificamos y confirmamos que tenemos un caso blindado, un caso fuerte, cuya única medida de coerción que será posible imponer, será la prisión preventiva”, dijo Ortiz.

La coordinadora de Litigación de la Pepca ofreció los detalles del proceso al responder preguntas de los periodistas de diversos medios de comunicación que la abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego que depositara la instancia en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Ortiz dijo que las evidencias depositadas incluyen documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios que, como en todos los casos que ha presentado el Ministerio Público, conducirán a la prisión preventiva de los imputados.

Sostuvo que el Ministerio Público sigue ampliando la investigación. “Coral 5G apenas comienza, las investigaciones continúan ”, sostuvo, mientras respondía a los comunicadores.

Los imputados de la Operación Coral 5G son custodiados por el sistema penitenciario en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.

A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.

La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.

Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.