El abogado Wanchy Medina explicó que la puesta en libertad del alcalde suspendido de La Romana, Juan Antonio Adames, se debe a una revisión de la sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia que le condenó.
El abogado dijo “que en los corrillos de la provincia del este, se habla que el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Reformista Social Cristiano que busca beneficiar al alcalde suspendido”.
La revisión fue fijada para el próximo 15 de noviembre, pero mientras tanto el tribunal ordenó la puesta en libertad provisional del alcalde.
“La libertad condicional no le exime de los dos años por los cuales fue sentenciado, de los cuales ha cumplido solo siete”, explicó el jurista.
Además, Medina afirmó que los ciudadanos de La Romana “se encuentran confundidos”, sobre las implicaciones de la puesta en libertad del alcalde suspendido.
La SCJ fijó audiencia pública donde se conocerá los méritos de un recurso de revisión interpuesto por Tony Adames, contra la sentencia penal en su contra.
La audiencia se realizará a las 9:00 de la mañana, en el salón de audiencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en el Centro de los Héroes, Distrito Nacional.
La condena de Adames se ejecutó en razón de que en fecha 28 de diciembre de 2022 la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de apelación interpuesto por el alcalde a la sentencia que lo condenó, ratificando la condena de dos años de prisión correccional. También, la indemnización por cuatro millones 50 mil pesos al escultor Castillo y al pago de una multa de tres mil pesos dominicanos (RD$3,000.00).
La acusación
El Ministerio Público acusa a Tony Adames de falsificación y uso de documentos, prevaricación, desfalco y por constituirse en asociación de malhechores en perjuicio del Estado dominicano.
El expediente acusatorio contra el edil es el No. 334-2022-EPEN-00896, sustentado en violaciones a los artículos 123, 145, 150, 151, 166, 265, 266, del Código Penal Dominicano.
Por ese caso se le dictó prisión domiciliaria, como medida de coerción, pero, para el cinco de septiembre de 2017, al edil le fue variada la medida de coerción a presentación periódica e impedimento de salida del país.
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