La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló seis aspectos significativos que han afectado al proceso judicial del caso ‘Golpe de Estado II’, entre los que se encuentra “el uso excesivo” de la detención preventiva de los acusados.
La OACNUDH, que estuvo como observadora del caso para verificar el correcto desarrollo del procedimiento judicial en el que se ha condenado a la ex presidenta boliviana Jeanine Áñez a diez años de cárcel, según el marco de las normas y estándares de Justicia internacional, indicó seis puntos que “requieren una respuesta integral en el enfoque de Derechos Humanos”.
Por una parte, la oficina de la ONU destacó “el uso excesivo y no excepcional” de la detención preventiva como medida cautelar, y ha sostenido que se trata de “un desafío estructural” en el país. “En el proceso judicial en cuestión, se observó una acumulación de detenciones preventivas por los mismos hechos bajo diferentes delitos”, expresó la OACNUDH en un comunicado.
La Misión de la Alta Comisionada también observó que el tipo penal de “incumplimiento de deberes” de la resolución contra Áñez “es incompatible con el principio de legalidad recogido en varios tratados de Derechos Humanos, por ser excesivamente amplio y ambiguo”, y ha instado a Bolivia a que lo cambie para que se base “en una determinación individualizada”.
Naciones Unidas también criticó el formato virtual e híbrido de las audiencias, ya que habría tenido un impacto en el principio de respecto al acceso físico del público y de los medios de comunicación. También subrayó que, “de manera general”, deben evitarse los juicios en ausencia de los acusados, pues generaría un impacto en el derecho a la defensa.
También instó a la Justicia de Bolivia a facilitar “en mayor medida” a la que los testigos acudan al juicio, ya que la ausencia de ellos habría podido afectar en el veredicto, algo de lo que incluso la propia Áñez se había quejado, pues los testigos ofrecidos por ella optaron por no presentarse, según el diario Los Tiempos.
Asimismo, la OACNUDH ha señalado un desequilibrio procesal, puesto que en el juicio de la ex presidenta han participado como acusación la Fiscalía, el Ministerio del Interior e incluso un senador, en confrontación con la defensa, que era minoritaria en cuanto a la capacidad de presentar pruebas.
El pasado miércoles el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, trasladó su preocupación ante una “posible intervención” del Gobierno de Bolivia en el juicio a la ex presidenta Jeanine Áñez.
“Las señales de (una) posible intervención del poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional. La justicia boliviana tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación u revisión, si se presentase”, dijo García-Sayán, según recoge el diario El Deber.
Áñez -en prisión preventiva desde marzo de 2021- fue castigada con diez años de cárcel por su papel en la crisis política de noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Morales se vio forzado a dejar el cargo por las presiones de la oposición y parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron los resultados electorales después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectase posibles irregularidades. Pocos días después, Áñez, entonces senadora, se autoproclamó presidenta.
Fuente: Infobae
