El expediente de Operación Calamar detalló que el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, acusado de formar una coalición junto a otros funcionarios para estafar al Estado Dominicano a través de un sistema de soborno instaurado en la OISOE, obtuvo más de mil millones de pesos para sustentar su campaña presidencial.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) explicó en el documento que de este entramado se utilizaron 1,231,993,188.88 millones de pesos para sustentar la campaña política de Castillo y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El entramado de corrupción comenzó utilizando deudas adulteradas de contratos que tenía el ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que databan de más de diez años, donde los acusados alteraban las fechas para lograr el pago como deuda pública por el Ministerio de Hacienda.
“Bajo este esquema, Bolívar Ventura Rodríguez obtuvo pagos de cubicaciones pendientes y acuerdos de reconocimiento de deuda por adicionales de trabajo que se comprobó que no se realizaron; no obstante, se obtuvo por pago asumido como deuda administrativa que fueron erogados por el Ministerio de Hacienda por un aproximado de 2,185,489,598.77 pesos, de los cuales el ingeniero Bolívar Ventura”, reza el documento.
Rodríguez entregó a la estructura de corrupción un aproximado de 1,231,993,188.00 pesos.
Castillo Terrero recibió estos fondos directamente de Ramón Emilio Jiménez Collie, los cuales eran entregados en efectivo, en la oficina de Gonzalo Castillo Terrero.
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El expediente asegura que al momento de entregar el dinero, los encargados de movilizar los fondos aseguraban que los mismos eran para la campaña del PLD.
En 2019, el director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán Rodríguez, estableció que había que buscar la forma de que el ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez pudiera cobrar lo que se le adeudaba de las ejecuciones de obra que sus empresas habían realizado, de cualquier manera, donde el motivo era buscar dinero para la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana, específicamente en principio la campaña interna, donde el acusado Gonzalo Castillo Terrero era precandidato presidencial.
Durante 2020, Castillo utilizó a empleadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para movilizar y depositarle el dinero que era movido a través del entramado.
Todos estos fondos no fueron reportados en el informe de financiamiento realizado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ni en la declaración jurada de bienes del exministro.
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