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Prisión preventiva contra cuatro implicados en estafa piramidal

Justicia

Santo Domingo Oeste.- La Fiscalía de Santo Domingo Oeste obtuvo tres meses de prisión preventiva, como medida cautelar, en contra de cuatro personas imputadas por lavado de activos, quienes ejecutaban sus operaciones en la Zona Industrial de Herrera.

Las víctimas de dicho proceso relataron que hicieron préstamos con varias entidades bancarias por montos ascendentes a RD$324,000.00; RD$ 163,000.00; RD$170,000.00; RD$1,000.000.00, con la supuesta promesa de que recibirían ganancias entre 7 % y 8% mensual por el monto invertido a Multi Inversiones AGAG.

El órgano persecutor indicó que en varias ocasiones los imputados fueron citados mediante acto de alguacil, donde comparecieron a cada vista del proceso y concretando acuerdos de pagos a favor de las víctimas y, cada uno fue incumplido.

El Ministerio Público demostró en audiencia que los imputados, quienes han incumplido acuerdos previos con las víctimas, no cuentan con los arraigos que les permitiera conocer el proceso bajo otra medida que no sea la prisión preventiva.

En el expediente presentado por el órgano acusador establece que la empresa Multi Inversiones AGAG SRL, representada por el imputado Miguel Garivaldi de la Cruz, propietario de la compañía, adeuda un monto ascendente a los RD$ 6, 367,532.00 a 13 víctimas, quienes invirtieron altas sumas al capital operativo para ser beneficiados con el porciento de su inversión, montos que serían pagados cada mes.

La investigación señala que junto al encartado Garivaldi de la Cruz, también operaba Gisela Valenzuela Reyes y Alba Iris Roa Vidal, quienes cumplirán prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres; también, Ángel Hernández quien fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, junto al principal acusado en el caso.

Multi Inversiones AGAG, empresa usada para estafar a los querellantes, está  ubicada en una plaza comercial de la avenida Isabel Aguiar.

El Ministerio Público ha asignado a los hechos la calificación jurídica provisional como asociación de malhechores, abuso de confianza y violación a Ley de Lavados de Activos, hechos descritos y sancionados en los artículos 265, 266 y 408 del Código Penal Dominicano y la Ley 155-17.

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