La Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís volvió a reenviar el juicio de fondo que se le sigue al suspendido alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames, acusado de desfalco al Estado por 200 millones de pesos, al frente del ayuntamiento de La Romana, durante su gestión 2010-2016.
La audiencia fue reenviada para conocerse el siete de diciembre.
La posposición obedeció a un incidente en el que la barra de la defensa del suspendido alcalde solicitó cambiar de jurisdicción del caso, para que sea conocido en La Romana, en lugar de San Pedro de Macorís.
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Este caso ya sobrepasa los 200 reenvíos, desde el año 2013 a la fecha.
Tony Adames está acusado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa de desfalcar al Estado por 200 millones de pesos, en su gestión de alcalde 2010-2016.
Este expediente fue instrumentado en el 2013 y una década después aún no hay decisión judicial. ¡Que barbaridad!
Conforme a la Pepca, el suspendido alcalde romanence enfrenta cargo de falsificación y uso de documentos, prevaricación, desfalco y por constituirse en asociación de malhechores en perjuicio del Estado dominicano.
El expediente acusatorio contra el edil es el No. 334-2022-EPEN-00896, sustentado en violaciones a los artículos 123, 145, 150, 151, 166, 265, 266, del Código Penal Dominicano.
Por ese caso se le dictó prisión domiciliaria, como medida de coerción, pero, para el cinco de septiembre de 2017, al edil le fue variada la medida de coerción a presentación periódica e impedimento de salida del país.
Adames parece especializarse en ser electo alcalde por el ayuntamiento de La Romana, en que se formule acusaciones en su contra y vaya al banquillo de los acusados, en cada gestión municipal, y también por procurar que se le varíe la prisión carcelaria, a la que está impuesto.
Hace apenas dos días que la SCJ decidió suspender la prisión de dos años de cárcel que cumplía, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama, CCR-15.
La condena por dos años de cárcel, ratificada por la Suprema Corte de Justicia, por no haber honrado el pago de cuatro millones 50 mil pesos al escultor Luis Catillo, contratado para construir estatuas de peloteros y colocadas en el parque central.
La SCJ le favoreció con libertad condicional y fijó para el 15 de este mes, el conocimiento de un recurso interpuesto por sus abogados para la anulación de la sentencia de dos años en su contra y que cumplía desde el mes de marzo.
