El Segundo Juzgado de la Instrucción de Atención Permanente de La Altagracia, dictó tres meses de prisión preventiva  en contra de dos ciudadanos peruanos que formaban parte de una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

La jueza Evelin Cabrera Ubiera impuso la medida de coerción privativa de libertad en contra de los imputados Aaron Francisco Corzo Cabrera y Gean Markos Saavedra Regalado.

La medida que deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, de Higüey.

Por su vinculación a este caso también es procesada Maryorie Chani Echevarría, también de nacionalidad peruana, quien recibió como medida de coerción una garantía económica de 20 mil pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.

Hasta el momento han sido identificadas al menos cinco víctimas

El expediente relata que los imputados fueron arrestados luego de que agredieran física y verbalmente a una de las víctimas, igualmente de nacionalidad peruana, en un residencial que pertenece al complejo hotelero y turístico de Hard Rock.

Diversas diligencias de investigación han sido realizadas sobre el caso, cuyos resultados advierten que los imputados se constituyen en un grupo delictivo organizado que, desde principios de septiembre de 2023, se han estado dedicando en la República dominicana a la captación, traslado, transporte y acogida de víctimas de nacionalidad peruana y colombiana, a las cuales han estado explotando sexualmente.

Entramado

El expediente dice que la imputada Chani Echevarría fue la persona que facilitó la captación de las victimas aprovechando su situación de vulnerabilidad, y bajo engaño, diciéndole que en el país podría continuar con sus estudios y que ganaría mucho dinero.

El dinero que la víctima producía por los encuentros sexuales debía entregarlo a los imputados, quienes le retenían la totalidad del dinero obtenido, hasta tanto pagara la totalidad de la deuda impuesta por el supuesto pago de pasajes, que ascendía a US$3,500.00 dólares.

Corzo Cabrera también facilitó el traslado al país desde sus naciones de origen de otras víctimas, a quienes les compró y facilitó los boletos aéreos con los cuales arribaron a la República Dominicana, imponiéndole el pago de una deuda con el cobro excesivo en más de un 100% del costo de dichos boletos, llegando a consistir en valores de UD$1,800.00 y hasta US$3,500.00 dólares, que las victimas debían pagar.

Después que arribaban al país, por el aeropuerto, las víctimas eran trasladadas hacia el lugar donde la estructura criminal les daba acogida. Los imputados tenían bajo total control y vigilancia a las víctimas, ya que vivían con ellas en los apartamentos que ellos tenían alquilados, lo cual les facilitaba la constante supervisión, vigilancia y restricción de movimiento y libertad de las extranjeras.