La tragedia de Melilla: España y Marruecos a un año bajo la sombra del encubrimiento

Cuando acaba de cumplirse un año de la tragedia de Melilla, en la que perdieron la vida entre 23 y 37 inmigrantes que trataban de ingresar en España desde Marruecos, Amnistía Internacional volvió a pedir responsabilidades a los dos países, a los que acusa de encubrimiento por no investigar lo ocurrido ese 24 de junio.

Durante esa jornada alrededor de 2.000 personas, migrantes y refugiados provenientes mayoritariamente de países del África subsahariana, intentaron cruzar la frontera saltando la valla que separa Marruecos del enclave español de Melilla. Además de los muertos, todavía hay 76 desaparecidos.

Desde el reino alauí, territorio donde tuvo lugar la mayor parte de la tragedia, se informó que 23 personas habrían fallecido a causa de su aplastamiento, cuando cayeron masivamente desde lo alto de la cerca. España, por su parte, aseguró que no hubo muertes en su territorio.

“Un año después, la conclusión de que nos enfrentamos a un encubrimiento deliberado y concertado es cada vez más evidente”, afirmó la secretaria general de Amnistía Internacional, Àgnes Callamard, que añadió que “si no se aprenden las lecciones de Melilla —o del reciente naufragio frente a la costa griega— continuarán la pérdida arbitraria de vidas, la violencia y la impunidad en las fronteras, y se agravará el sufrimiento de quienes buscan protección”.

Así, desde la organización se sostiene que “las autoridades españolas y marroquíes no solo siguen negando cualquier responsabilidad, sino que frustran los intentos de averiguar la verdad“. En ese sentido, alertó que se dificultan los empeños para identificar los cuerpos de los fallecidos y el informe para sus allegados.

Según la organización, las autoridades no han hecho ningún esfuerzo para repatriar los cadáveres y al menos 22 de ellos continúan en una morgue de Marruecos. Solo un cuerpo fue reconocido por un familiar que se trasladó desde el Reino Unido, mientras que resto de los allegados –procedentes de Sudán– no pudo trasladarse a Marruecos porque Rabat no emitió visados y debido al conflicto armado que vive el país.

Además, ninguno de los dos países ha facilitado un listado completo de nombres de las víctimas y causas de los fallecimientos, ni imágenes de las cámaras de vigilancia.

La única investigación que se llevó a cabo en España fue la de la Fiscalía General, que fue archivada en diciembre de 2022 por esa instancia, al no apreciar “indicio de delito” por parte de las fuerzas de seguridad españolas. En el Congreso de los Diputados, la mayoría se opuso a abrir una investigación parlamentaria.

Por la parte marroquí no se ha abierto ningún tipo de investigación por el presunto uso desproporcionado de la fuerza de sus agentes. Lo que sí ha continuado son los procesos judiciales contra decenas de los migrantes que sobrevivieron.

Una gestión duramente criticada

La gestión de esta crisis migratoria ha sido ampliamente cuestionada por parte de organismos internacionales e investigadores independientes. El Defensor de Pueblo de España incluso afirmó que el país europeo había devuelto a Marruecos a quienes consiguieron superar la valla, sin procesar sus casos, lo que implicaba un incumplimiento a la la legislación internacional. Según sus cálculos, los repatriados serían 470 personas.

Por su parte, la comisaria de Derechos Humanos de la ONU, Dunja Mijatović, criticó que no hubiese “ningún acceso genuino y efectivo al asilo en la frontera”.

Las críticas van más allá de un caso puntual. Las denuncias a España incluyen la realización de prácticas ilegales en la frontera, como las devoluciones colectivas, las devoluciones en caliente sin asistencia jurídica ni posibilidad de solicitar asilo, o el uso excesivo de la fuerza.

Además, se acusa a España de ‘externalizar’ el control de sus fronteras a Marruecos en este caso particular. Esa situación, en consecuencia, permite que Rabat impida a los migrantes subsaharianos acceder a los puestos fronterizos españoles para solicitar asilo.

A finales del año pasado, la relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia afirmó que la violencia de Melilla “revela el ‘statu quo’ de las fronteras de la Unión Europea, a saber, utilización de exclusión racializada y violencia letal para impedir la entrada de personas de origen africano y de Oriente Medio y de otras poblaciones no blancas”.

Estos discursos se han visto reforzados después de la explosión de la crisis de refugiados de Ucrania, tras el inicio del conflicto. Los ucranianos han sido bienvenidos en el país íbero con un despliegue de recursos para acogerlos e integrarlos, que no se había habilitado con anterioridad ante crisis como las vividas en Siria o en países africanos.

De hecho, la gran mayoría de personas que intentaron cruzar la frontera aquel fatídico día provenían de Sudán, un país que lleva años inmerso en diferentes conflictos armados que se han cebado con la población civil. El Ministerio del Interior español, por su parte, ha concedido en los últimos cinco años el 90 % de los estatutos de protección internacional a las personas sudanesas que han conseguido llegar a España y solicitar asilo, algo que no consiguieron las personas que se vieron inmersas en la masacre de hace un año, puesto que las que consiguieron sobrevivir fueron devueltas inmediatamente.

“Es difícil no ver el elemento racista en lo sucedido en Melilla y la forma deshumanizadora en que se trata a las personas negras en las fronteras de Europa cuando viven, desaparecen o mueren”, concluía Agnès Callamard.

El pasado sábado, Melilla acogió la I Marcha por la Justicia 24J, en señal de protesta y también de recuerdo de las víctimas, con un manifiesto firmado por más de 300 organizaciones que denuncian que la masacre ocurrida hace un año es la vulneración de derechos humanos más grave de los últimos tiempos en suelo europeo.

Un día antes, el viernes, otra concentración pidió justicia a las puertas del Congreso de los Diputados, en Madrid. También clamaban por responsabilidades políticas y la reactivación de la investigación.