Cuatro ciudadanos han sido llamados a juicio por «su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de estafa y tráfico ilícito de migrantes, en concurso ideal de infracciones», informó este jueves la Fiscalía.
Los procesados son Gladys Irene Ch., Ignacio Benjamín V., Concepción Magdalena U. y Daniel Alfonso M, en tanto que las personas jurídicas «American Resident» y «AR Agencia de Reubicaciones», han sido llamadas a juicio sólo por el delito de presunto tráfico ilícito de migrantes.
La justicia ratificó la orden de prisión preventiva para Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V., y ordenó la inmovilización de sus fondos y bienes, por 1.209.943 dólares.
Para Daniel Alfonso M. dispuso presentación periódica y prohibición de salida del país, así como la retención de fondos por 32,000 dólares.
La investigación evidenció una supuesta estructura delincuencial organizada, que operó en Cuenca (sur), entre diciembre de 2019 hasta mediados de 2022, supuestamente bajo la dirección y planificación de Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V., y la colaboración de Concepción Magdalena U. y Daniel Alfonso M.
OFERTAS DE VIAJES
Mediante redes sociales se captaba a las víctimas, a quienes se les ofrecía la visa de trabajo para viajar a EEUU, indicó Fiscalía.
Las citas con los interesados se concretaban en Cuenca, en las oficinas de «American Resident», donde -previa la firma de un contrato por los servicios ofertados- se les explicaba los costos: entre 12,000 y 20,000 dólares si la víctima quería ganar entre 12 y 50 dólares la hora.
Los perjudicados debían realizar un pago inicial de hasta el 50 %, y luego, les obligaban a realizar cursos de capacitación en el área en que supuestamente iban a trabajar para lo cual debían pagar alrededor de 2,000 dólares adicionales.
Además, solicitaban a las víctimas realizarse exámenes médicos, para acreditar un buen estado de salud, entre otros requisitos, para aparentar que todas las actuaciones eran legales, anotó la Fiscalía.
Tras la insistencia de las víctimas, para que se agilicen los trámites, Gladys Irene Ch. aparentemente pedía que acudan a las oficinas para firmar contratos de trabajo con supuestas empresas.
En esta fase de la negociación los perjudicados debían entregar otro porcentaje de dinero, relató la Fiscalía en un comunicado.
La investigación determinó que los contratos eran falsos y que Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V. no tenían contactos con empresas en Estados Unidos.
Finalmente, las víctimas acudían a la cita en el Consulado de EEUU, en Quito, sin los formularios básicos y con documentación que contenía información alterada, por lo que las visas eran negadas.
El dinero se entregaba en efectivo y mediante transferencias a las cuentas de los procesados y de las empresas jurídicas, que fueron creadas con el propósito de recolectar el dinero y de captar a las víctimas.
PERICIAS
En audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el fiscal Severo Ríos sustentó la acusación con una pericia realizada a los 273 contratos firmados entre las víctimas y «American Resident», mediante la cual «se estableció que ninguno fue cumplido».
Además, una pericia contable, que demuestra la existencia de depósitos y transferencias realizados por las víctimas a las cuentas de Ignacio Benjamín V. y de las personas jurídicas por 1.209.943 dólares y a la cuenta de Concepción Magdalena U., por 26.100 dólares.
A esto se sumaron versiones de más de 20 perjudicados y extrabajadores de «American Resident», 279 carpetas que contienen documentación de las víctimas, actas de allanamientos e informes investigativos de la Policía.
Asimismo, documentación de la Asistencia de Investigaciones de la Embajada de EEUU e informes ejecutivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
En la Fiscalía de la provincia del Azuay (cuya capital el Cuenca) existen 38 casos de estafa en los que es investigada Gladys Irene Ch., de los cuales 33 están en investigación previa, 4 en etapa de instrucción fiscal y uno en fase preparatoria de juicio.
EFE
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