El Ministerio Púbico atribuye a los vinculados en la Operación Calamar y otros cómplices altos niveles de jerarquía, estando en libertad, para realizar peligrosas maniobras con el objetivo de distraer evidencias, intimidar testigos y utilizar cuantiosos recursos para garantizar impunidad y obstaculizar las investigaciones.
Por tal motivo, las autoridades insisten por ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional sobre la imperiosa necesidad de imponer 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra las exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Donald Guerrero y los otros 17 vinculados en la Operación Calamar.
“Los imputados, quienes operaban en el pleno ejercicio de funciones públicas, impactaron de manera nefasta en diversos sectores de la economía, la vida pública y la sociedad en general, ya que sus acciones delictivas están orientadas a obtener recursos económicos cuantiosos que le han servido para evadir la acción de la justicia, financiar campañas políticas, además de adquirir cientos de propiedades y bienes en general, los cuales constituyen un poder económico y político que resulta imponente para evadir la acción de la justicia, facilidades para abandonar el país o permanecer oculto en cualquier etapa del procedimiento, destruir evidencias, intimidar testigos y distraer los activos sustraídos”, aseveró el MP.
Las autoridades estiman preciso que el juez considere que debe tener en cuenta el hecho “comprobado” de que los imputados forman parte, de manera asociada, de una estructura de corrupción, donde los investigados, en su función de administradores públicos, prevaricaron y se coalicionaron a los fines de desfalcar y estafar al Estado dominicano.
“De igual manera, recibieron sobornos millonarios con el fin de enriquecerse ilícitamente, lavando dinero, destruyendo y ocultando evidencias, útiles y pertinentes para la presente investigación”,indica el expediente.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa dice se evidencia que la estructura criminal sostuvo prácticas de corrupción al más alto nivel, que implicó la creación de toda una organización delincuencial que sirvió de soporte para afectar todo un sistema político, social y económico.
“Por lo que, la libertad de los imputados implicaría un grave obstáculo para la investigación, ya que existen los elementos razonables y contundentes de que los imputados, una vez puestos en libertad, utilizaran dichos medios para obstaculizar la investigación”, indicó.
Por las razones expuestas, las autoridades entienden que la medida de coerción que garantiza los fines procesales necesarios e indispensables para realizar una investigación como requiere el presente caso, es la prisión preventiva y que una medida distinta, facilitaría que la estructura continuara con sus operaciones y sería un obstáculo insalvable para la investigación.
“Es importante por igual señalar que, la prisión preventiva, ante los hechos cometidos evidenciados con contundentes elementos de pruebas, garantiza la celeridad del conocimiento del proceso, pues como es sabido, una técnica que se ha podido evidenciar en el ámbito internacional y nacional, es que, en los casos de cuello blanco, los autores y cómplices a través de sus defensas técnicas, utilizan maniobras a los fines de dilatar el proceso cuando el imputado está en libertad a los fines de buscar ceses de medidas de coerción, extinciones del proceso y cambios que le beneficien.
La Pepca estima preciso señalar que en un 99% de los casos las personas temen testificar, lo que implica que en la mayoría de los casos los testigos de las actividades ilícitas tienen que ser los propios investigadores y que esa realidad pone en evidencia lo complejo que es un caso de corrupción y lavado de activos como el objeto de la presente imputación.
El MP explicó que aportó los elementos de pruebas de todo tipo, documentales, periciales, testimoniales, tecnológicas, que sostienen razonablemente que los imputados son autores o cómplices de las infracciones indicadas.
“De igual manera, hemos esbozado el peligro de fuga acorde con la naturaleza de este tipo de delitos, de que los imputados no podrían presentarse al proceso y que las infracciones que se le atribuyen están sancionadas con penas privativas de libertad”, consta en el expediente.
