EE.UU les quitó la visa a 60 altos funcionarios centroamericanos: los acusa de actos de corrupción y por socavar la democracia

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este miércoles que ha sancionado y negado el ingreso a su territorio a 60 centroamericanos, entre ellos, magistrados de cortes, jueces, empresarios y políticos a quienes señala de haber participado a sabiendas en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción u obstrucción de investigaciones de corrupción en la región.

Los extranjeros que se identifican en el reporte entregado al Congreso de EEUU son generalmente inelegibles para visas o para ingresar a territorio estadounidense o bien se les revoca de forma inmediata la visa de entrada a ese país.

El documento con 60 nombres fue filtrado la noche del jueves pero no se hizo oficial sino hasta el miércoles. La lista es un requerimiento por ley que debe hacer el gobierno estadounidense y entregar al Congreso.

En el caso de Guatemala, la lista incluye a 16 personas, entre las que se destacan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Vitalina Orellana Orellana y Nery Oswaldo Medina, por presuntamente haberse coludido con políticos y particulares para amañar la elección de cortes. Nunca fueron investigados.

La sanción a este país incluye también a José Rafael Curruchiche Cacul, actual jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), por obstruir investigaciones de actos de corrupción desbaratando casos contra funcionarios de alto perfil y levantando aparentes denuncias falsas contra fiscales, abogados y extrabajadores de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG fue un organismo de Naciones Unidas que durante 12 años —2007 a 2019— desarticuló en el país centroamericano estructuras paralelas de corrupción y otros delitos que estaban incrustadas en el Estado guatemalteco.

Entre los políticos sancionados está la diputada y ex vicepresidenta del Congreso, Sofía Hernández, por hacer mal uso de su investidura política y por vínculos con narcotráfico. La directora del Instituto de la Víctima, Mayra Alejandra Carrillo, fue sancionada por al parecer minar la democracia usando su cargo público. Su esposo, el diputado Felipe Alejos, también fue sancionado hace meses, retirando la visa de entrada de aquel país y aplicándole la Ley Magnitsky, que prohíbe a toda empresa vinculada al sistema financiero estadounidense hacer transacciones financieras con los señalados.

En el caso de El Salvador, la lista incluye a seis personas, entre ellos, al vocero presidencial José Ernesto Sanabria por socavar la democracia y usar su cargo indebidamente, así como la influencia del presidente salvadoreño Nayib Bukele para presionar a opositores a renunciar bajo amenazas de iniciarles cargos penales.

Christian Reynaldo Guevara Guadrón, diputado y jefe de bancada del partido oficial salvadoreño, también fue incluido en la lista por socavar la democracia votando en por una ley antipandillas que criminaliza la diseminación de mensajes de pandillas en los medios, lo que es considerado por observadores como un intento de censura a medios. Al conocer la existencia del listado, Guadrón negó las acusaciones.

También se incluyó al asesor presidencial Francisco Javier Argueta Gómez por ser autor intelectual del proceso de destitución de cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de El Salvador.

Entre los 15 hondureños sancionados se encuentran ex funcionarios de bancos, entre ellos, Elmer Jeovanny Ordoñez por malversar fondos destinados a combatir la pobreza rural. También el diputado Edgardo Antonio Casaña por estar comprometido en significante corrupción.

Los 23 sancionados en Nicaragua son varios jueces y fiscales que han investigado y condenado de forma expedita a opositores políticos al régimen de Daniel Ortega. Entre ellos destacan los jueces Ulisa Yahoska Tapia Silva, Nadia Tardencilla Camila Rodríguez, Felix Ernesto Salmeron Moreno y los fiscales Marling de Jesús Castro Rodríguez, María Francis Pérez Mojica, por investigar y sancionar a opositores políticos y críticos al régimen de Ortega, usando discreción procesal y presentando cargos falsos para encarcelar a opositores previo a las elecciones de aquel país.

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