Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a implicados en caso Coral 5G

El Ministerio Público depositó en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de medida de coerción contra los 13 implicados en el caso Coral 5G, donde solicitan 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.

“Esta medida de coerción cuenta con más de 600 páginas y 700 pruebas documentales”, dijo la magistrada Mirna Ortiz a la salida del depósito del expediente, al tiempo de aclarar que las evidencias que blindan el caso son cuentas de bancos, títulos de propiedad entre otras pruebas.

Esta Operación Coral 5G fueron apresados el general de la Fuerza Aérea Dominicana de República Dominicana (FARD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

En el expediente, llamado Operación Coral 5G, también están involucrados siete militares de diferentes rangos, entre ellos dos coroneles.

Un equipo de fiscales del Ministerio Público practicó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, según detalló un comunicado de la Procuraduría General de la República.

El caso es un desarrollo de la Operación Coral, abierta el pasado abril y por la que guardan 18 meses de prisión preventiva el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), entre otros implicados.

Cáceres Silvestre, quien era jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, fue el primer general en activo en ser enviado a prisión preventiva en el país.

Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

Según las investigaciones, los supuestos implicados aumentaban artificialmente la nómina del Cusep y del Cestur para obtener beneficios económicos.

Además, el Ministerio Público los acusa de realizar operaciones fraudulentas para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares de República Dominicana.

Foto: Franklin Guerrero