Santo Domingo.- Un estudio realizado por el Observatorio Político Dominicano (OPD), promovido por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), indica que la Ley sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, no aborda de manera eficiente la realidad social del país frente a este problema.
Funglode informó este lunes en un comunicado sobre el informe “Multas por infracciones de tránsito y legislación de seguridad vial en República Dominicana”, donde se ponen de manifiesto algunas fallas de la citada ley.
El documento se revela que pese a que en la actualidad no se están aplicando las infracciones con los montos establecidos por la Ley, es decir, de dos a siete salarios mínimos, de hacerlo se podría inducir a malas prácticas al generar mayores incentivos para los sobornos, entre otros factores negativos.
La Ley, promulgada en 2017, estableció un régimen de sanción pecuniario con base en salarios mínimos pero “no contempló qué sucedería en caso de un aumento salarial, hecho que ocurrió en marzo del año en curso y que provocó el incremento de los montos de las multas por infracciones de tránsito”, explica el estudio.
El informe destaca que reducir los montos cobrados por las multas puede ser factible, pero sin llegar a eliminar su efecto disuasorio al establecer montos exageradamente bajos.
Dado que algunos sectores se han manifestado en desacuerdo con los altos montos de las multas de tránsito, se han sometido ante la Cámara de Diputados dos iniciativas reducir los montos de las sanciones.
Aunque el debate se está centrando en las cuantías de las sanciones, la intención de la reforma era dar respuesta efectiva a problemas como los accidentes de tránsito, el congestionamiento vial y las deficiencias del transporte, de modo que “aún es necesario seguir desarrollando el sistema para aumentar la eficiencia de la legislación.”
En este sentido, el texto indica que se están obviando debilidades de la Ley relativas a los límites de velocidad, el uso del casco protector y la seguridad de infantes dentro de los vehículos, entre otras, así que “la reforma no cumplió con todos los estándares internacionales establecidos para este sector”, precisa el estudio.
Otro aspecto que aborda el documento es que los fondos obtenidos en concepto de infracciones a la Ley de tránsito, que tan solo en 2018 ascendieron a más de 241 millones de pesos, no son reinvertidos totalmente en el sistema.
Así, deja fuera de la distribución de estos fondos a las autoridades locales, planes y estrategias de salud pública, desarrollo de infraestructuras, entre otros ámbitos que se hacen necesarios para la solución real del problema.
La investigación destaca que la Ley también se promulgó ante la necesidad de disminuir los accidentes de tránsito en el país que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el segundo de América Latina con mayor tasa de mortalidad, registrándose más de 1,000 siniestros por año en el último lustro.
Las motocicletas son el medio de transporte más propenso a estos siniestros, acumulandoun 67.1 % de las muertes registradas en choques de tránsito solo en 2017.
Asimismo, la investigación indica que durante los últimos cinco años se emitieron en promedio cerca de 700,000 multas anuales, 900,000 en 2018, con una tendencia al alza bastante marcada, siendo la infracción más común la falta del casco protector en ciclistas, usuarios y conductores de motocicletas.EFE
