Varias víctimas de Emmanuel Rivera Ledesma y sus cómplices se manifestaron frente a la casa del imputado, denunciando que la Procuraduría General de la República (PGR) cometió un error al dejar la propiedad, supuestamente comprada con dinero de la estafa, bajo la custodia de la esposa de Ledesma, Scarlet Cruz.
Dayanara Bourbon, una de las afectadas, expresó la indignación colectiva al leer una nota de prensa en el lugar de la protesta. “La Procuraduría ha hecho mal en poner en resguardo de esa propiedad, bajo la responsabilidad de la imputada Scarlet Cruz, siendo ella, una principal inculpada de este vulgar robo”, manifestó. Bourbon también criticó el uso de una medida de coerción para Scarlet Cruz, argumentando que esta se basaba en “una chicana jurídica” relacionada con el hecho de que la imputada estuviera amamantando a su hija.
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Acusaciones sobre complicidad en el caso
Bourbon añadió que el pueblo dominicano ha sido testigo de múltiples ocasiones en que los acusados de estafas como esta reciben apoyo de sectores poderosos. “Creemos firmemente que esta residencia nos pertenece”, concluyó, en referencia a la lujosa propiedad adquirida por Ledesma, valorada en más de 1.2 millones de dólares.
Las víctimas del caso Nido fueron defraudadas por un monto superior a 17 millones de dólares, equivalentes a más de mil millones de pesos dominicanos. La propiedad de Ledesma se encuentra en el centro de la disputa, ya que los protestantes consideran que debe ser devuelta a las víctimas.
A la protesta se unió el padre Rogelio, quien destacó la falta de respuesta por parte de la justicia dominicana. “La justicia dominicana tiene compromisos con sectores poderosos que le responden a ellos y no a las víctimas”, dijo Rogelio, subrayando la frustración de los afectados por la falta de acción judicial en casos como este.
La Operación Nido y la red de estafa millonaria
Emmanuel Rivera Ledesma es señalado como el líder de una red de estafa que operaba a través de proyectos inmobiliarios fraudulentos. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha identificado a varios implicados en el caso, entre ellos familiares de Ledesma y otras personas vinculadas a las empresas involucradas.
El Ministerio Público, tras una investigación que incluyó un reportaje de N Investiga, logró incautar varias propiedades, vehículos y maquinaria pesada que se presume fueron adquiridos con los fondos obtenidos a través de la estafa. Además, parte del dinero habría sido utilizado para financiar el lujoso estilo de vida de los acusados.
La red fue desarticulada tras 25 allanamientos en distintas provincias del país, como San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional. En estas operaciones se confiscaron múltiples bienes relacionados con los imputados.
Por: Yari Araujo
