Medidas que el Gobierno tuvo que recular o echar para atrás por presión social en el 2022

Por: Joel Suriel. –  Durante el 2022 el Gobierno del presidente Luis Abinader ha emitido varias medidas o ha impulsado proyectos en los que algunos de sus contenidos han ocasionado controversias y protestas, lo que ha obligado a las autoridades a “recular”, es decir, a darle para atrás a esas iniciativas.

Desde echar para atrás la limitación del horario en expendio de bebidas alcohólicas, el fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, hasta retirar el proyecto que quitaba recursos a la educación y no aplicar alzas en la tarifa eléctrica, son algunas de las medidas en las que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se ha visto en la necesidad de recular.

El común denominador es la presión que se ejerce desde las redes sociales hasta la sociedad en general, que terminan con el Gobierno retirando o echando para atrás las medidas.

El Habitante Fronterizo

En febrero del 2022, apenas empezando el año, el Gobierno se vio en la necesidad de suspender de manera indefinida la entrega de documentos de trabajo a nacionales haitianos llamados “carnets de habitante fronterizo”, luego de que en enero la Dirección General de Migración había aprobado la medida.

El permiso se le otorgaba a los haitianos por un período de un día y sus beneficiarios no deben tener intención de quedarse en territorio dominicano.

“Con este documento los ciudadanos haitianos podrán realizar actividades de comercio, pues habrían cumplido con los requisitos que establece la resolución 09-2021, de la DGM, que crea el piloto para implementar el carnet Habitante Fronterizo por el cruce de Pedernales”, explica el documento de prensa emitido en enero por Migración.

Incremento de la tarifa eléctrica

Una de las medidas que más revuelo ha causado este año fue el anuncio de que el Gobierno dispondría de nuevas alzas en la tarifa eléctrica, partiendo de aspectos que fueron acordados en el Pacto Eléctrico y que contemplaba un aumento gradual de manera trimestral de la misma.

Sin embargo, el rechazo a esta medida fue tal, que el presidente de la República, Luis Abinader, anunció en julio que su Gobierno detendría las próximas alzas en la tarifa eléctrica que ya estaban establecidas para implementarse cada tres meses.

Abinader aprovechó aquella ocasión para arremeter contra la oposición política del país, debido a que todas las organizaciones políticas firmaron el Pacto Eléctrico que contenía el aumento gradual de la tarifa eléctrica.

Restricción de ingreso y movimiento del personal en la administración pública

En julio también, el Gobierno había emitido una resolución a través del Ministerio de Administración Pública, para restringir la entrada de nuevo personal a la gestión gubernamental, además de movimientos de personal y reajustes salariales que impliquen una alza en la nómina estatal.

Esta medida no fue bien vista por parte de los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ya que esto limitaría la entrada de las llamadas “bases” a las arcas del estado, por lo que el Gobierno indicó que esta medida solo estaba pautada para las vacantes o la sustitución del personal activo.

Fideicomiso Punta Catalina

A principios de año, el Poder Ejecutivo depositó un proyecto de fideicomiso para Punta Catalina el cual fue aprobado por la Cámara de Diputados, lo que generó severas críticas contra la iniciativa, acusándola de poner en manos privadas ese activo del Estado.

El rechazo al proyecto fue tal, que el 30 de enero, en televisión nacional, el presidente Luis Abinader solicitó al Congreso Nacional aplazar el conocimiento del contrato de fideicomiso con la Fiduciaria Banreservas y la hoy eliminada Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE).

Proyecto de la Ciberdelincuencia

A mediados de año otro proyecto controversial causó problemas al tren gubernamental, se trata de la Ley contra la Ciberdelincuencia, la cual fue retirada del Congreso Nacional por órdenes del presidente Luis Abinader.

A este proyecto le cayeron arriba las críticas, principalmente en aspectos como la sanción de 4 años de prisión contra un ciudadano que haga publicaciones discriminatorias.

Además, este proyecto, sometido por el Poder Ejecutivo, era acusado de coartar la libertad de expresión en la República Dominicana.

Reasignación presupuestaria del 4%

Otro de los proyectos que más ronchas causó en el seno de la sociedad fue el del Presupuesto Complementario del 2022, el cual contemplaba quitar más de 4 mil millones de pesos a la asignación que se destina a la educación para redistribuirlo en otras instituciones.

En un principio el Gobierno condicionó a entidades sociales a que buscaran proyectos educativos en los que invertir los más de 4 mil millones que se le iban a reducir a la asignación presupuestaria de educación, pero después de varios días aseguró que no tocaría los fondos destinados a la Educación del país.

Luego, el Gobierno envió otro proyecto de presupuesto complementario en el que los recursos del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación no fueron tocados.

Orden departamental del Minerd

Siguiendo en el ámbito de la educación, otra medida controversial fue la derogación por parte del Ministerio de Educación de la Orden Departamental 33-2019, que establecía como prioridad el diseño y la implementación de política de género en esa dependencia del Estado.

“Se deroga con efecto inmediato la Orden Departamental No. 33-2019, la cual estableció como prioridad el diseño e implementación de la Política de género en el Ministerio de Educación”, indica la nueva orden 44-2022, con fecha del 12 de diciembre de 2022 y la firma del ministro Ángel Hernández.

Dicha política anunciada en el 2019 generó rechazo en varios sectores de la sociedad dominicana, sobre todo en los padres y la Iglesia católica, pues entendían que se trataba de una estrategia para implementar ideología de género en la educación de los niños.

Le doblaron el brazo a Chú Vásquez

En noviembre, el Gobierno del presidente Luis Abinader sorprendió a la provincia de Santo Domingo al emitir una resolución en la que limitaba el horario de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en centros de diversión como una medida para reducir la delincuencia.

La medida generó críticas hacia el ministro de Interior y Policía, Jesús (Chú) Vásquez, quien la defendió a capa y espada, al asegurar que la prioridad del Gobierno era salvaguardar la seguridad de los ciudadanos sin importar el costo.

Apenas dos semanas después, luego de una reunión entre los representantes de negocios nocturnos con el ministro Vásquez, la medida fue echada para atrás.