Uno de los principales cabecillas de la supuesta red que por años estafó al Estado a través de la Procuraduría General de la República bajo la gestión de Jean Alain Rodríguez es Rafael Stefano Canó Sacco.
Curiosamente este nombre no figura en el listado de 41 personas y 22 empresas que acusó la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Hasta el momento los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso no han explicado si Cano Sacco será acusado en un expediente aparte de Medusa o si éste está colaborando con las autoridades para la acusación contra los implicados en el entramado.
Se recuerda que Cano Sacco emprendió la fuga hacia España una vez el Ministerio Público realizó una serie de allanamientos que dieron con el arresto del exprocurador general de la República y otras personas. Posteriormente fue apresado y todavía no ha sido extraditado a la República Dominicana.
El Ministerio Público dominicano presentó este lunes una acusación formal contra el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez, en prisión desde hace un año por su presunta implicación en un entramado de corrupción que supuestamente se produjo mientras él dirigía ese organismo.
En el expediente de la llamada “Operación Medusa” figuran 41 personas y 22 empresas, e incluye a más de 400 testigos, dijo a la prensa el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
La supuesta red de corrupción manejó más de 1,000 millones de pesos en sobornos, según la acusación.
“Hemos depositado una acusación que no tiene precedente en la República Dominicana y les puedo asegurar que posiblemente no tiene precedente en toda la región”, aseguró Camacho.
Se trata, agregó, “de nuestra acusación más grande”, que tiene un volumen de 12,274 páginas y dentro de esas más de 3,500 pruebas.
Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También por sobornos, por cometer crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Por el caso cumplen prisión preventiva el exprocurador Rodríguez y tres exaltos cargos de su gestión, mientras que otros tres están bajo arresto domiciliario.