El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó este sábado que concluyó con “éxito” las aperturas de las ofertas técnicas de los 35 procesos de licitaciones para la adquisición de almuerzo escolar para los años lectivos 2022-2023 y 2023-2024 en centros de jornada extendida.
Las aperturas de las 2,175 ofertas presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas a través del portal transaccional, se realizaron sin incidentes mayores, lo que facilitó su buen desarrollo, afirmó el organismo en su página electrónica.
Estas licitaciones se realizaron en tres grupos, el primero abarcó 10 provincias y los municipios Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte.
El segundo incluyó 11 provincias y los municipios Boca Chica, San Antonio de Guerra, Los Alcarrizos y Pedro Brand, y el tercer grupo comprendió 11 provincias y el municipio Santo Domingo Este.
“Agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de poder realizar procesos de buenas prácticas. Prometemos que vamos a velar y a monitorear todos estos servicios en beneficios de los estudiantes cuando concluyan las adjudicaciones”, resaltó el director ejecutivo de Inabie, Víctor Castro.
Ahora, según el organismo, las ofertas serán evaluadas técnica, legal y financieramente para determinar las que cumplen con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
El proceso fue apoyado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que dispuso de un personal técnico para que asistiera al equipo del Inabie.
En marzo pasado, Contrataciones Públicas depositó en el Ministerio Público un informe con las presuntas irregularidades cometidas en el Inabie en la contratación del almuerzo escolar entre 2021 y 2022.
Según la investigación, el Inabie incurrió en una serie de irregularidades que van desde “inobservancias” a la Ley de Contrataciones Públicas hasta la selección de proveedores y asignación de raciones “bajo criterios no transparentados, tráfico de influencias en el proceso de selección de proveedores y adjudicaciones provisionales ilegales”.
De manera concreta, según la DGCP, se comprobó la falta de diligencia en la revisión documental para validar la composición accionaria de las empresas participantes en el proceso, dando así cabida al delito de colusión con la participación y adjudicación de 614 proveedores relacionados entre sí a través de diferentes razones sociales.
También se seleccionó una alta proporción de proveedores que no pertenecían al sector Mipymes.
Además, se comprobó que desde el Banco Agrícola fueron desembolsados 136.5 millones de pesos a 98 proveedores, que también violaron los procedimientos.
El presidente Luis Abinader destituyó en noviembre pasado a Cecilio Rodríguez de la dirección ejecutiva del Inabie en medio de denuncias de irregularidades.
EFE
