Por: Joel Suriel. – Con el destape de los casos Coral y su continuación Coral 5G, se evidencia que durante años el sistema financiero de la República Dominicana, que se jacta de su seguridad, fue burlado por un entramado militar que, según dice el Ministerio Público, desviaba miles de millones de pesos mediante varios bancos.
Este entramado militar, encabezado por dos jefes de seguridad del expresidente de la República Danilo Medina y un exdirector del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (CESTUR), utilizaba gerentes de sucursales entidades bancarias para que sus astronómicas transacciones no fueran detectadas por el sistema financiero.
Los organismos llamados a prevenir este tipo de actos, dígase la Superintendencia de Bancos, la unidad antilavado del Ministerio Público, la Dirección General de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Administración Pública, no “detectaban” estas anomalías financieras que durante años se enquistó en el Estado dominicano.
En el caso específico de Coral 5G, dice el expediente preparado por el Ministerio Público, que los imputados, entre ellos tres generales activos, utilizaban a una gerente de una entidad bancaria en la avenida Venezuela y ésta realizó el 90% de las operaciones financieras del entramado militar establecido en el Cestur y el Cuerpo Especializado en Seguridad Presidencial (CUSEP).
Esmeralda Ortega Polanco, alias 550, es una de las dos mujeres involucradas en el expediente acusatorio contra los implicados en la Operación Coral 5G. El Ministerio Público dice que este grupo desvió más de RD$4,500 millones del Estado dominicano.
Según consta en el expediente acusatorio, a través de Ortega Polanco, el grupo, encabezado por Adán Cáceres, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, evitaba los controles del sistema financiero, manejando cientos de millones de pesos por personas sin contar con el perfil financiero para solventar tales sumas.
Ortega Polanco era una especie de asistente financiera del coronel Rafael Núñez de Aza, mano derecha del mayor general Cáceres, y quien está apresado desde abril bajo la operación Coral.
La imputada daba instrucciones, según el Ministerio Público, a nombre del coronel Núñez de Aza y hacía transferencias financieras a nombre de terceros que realmente no firmaban los depósitos, lo que constituye un robo de identidad.
Por igual la imputada preparaba préstamos a nombre de tercero a pesar de que sabía que eran para el coronel Rafael Núnez de Aza, dice el documento al que tuvo acceso N Digital.
Además de los RD$4,500 millones de pesos que según el Ministerio Público movió este entramado militar, les fueron ocupados, durante los allanamientos, unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
