El Poder Ejecutivo emitió hoy otro nuevo decreto con el que modifica los requisitos específicos para algunos cargos de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Mediante la disposición del Ejecutivo, número 361-21, que modifica el decreto 261-16, establece que los comandantes generales propondrán al Ministerio de Defensa los oficiales superiores de comando que a su entender deban ostentar los cargos de dirección o cualquier otro responsabilidad de similar jerarquía, los cuales deberán satisfacer el menos los siguientes requisitos: Además de tener más de 25 años de ejercicios en la institución, deberán realizar el curso de Estado Mayor correspondiente.
Además, establece la disposición gubernamental, cumplir con el perfil definido en cuanto a la capacidad, experiencia profesional, formación académica o técnica, condiciones morales y éticas, así como las demás que establecen reglamentariamente.
Los comandantes generales propondrán al Ministerio de Defensa los oficiales superiores de comando que deban ostentar los cargos de subdirección o cualquier otra responsabilidad, deberá cumplir, además de tener más de 20 años en la entidad a la que pertenece, realizar un curso avanzado de infantería y apegarse a lo defino en cuanto a la capacidad, experiencia profesional, condiciones morales y éticas, según establecido en el artículo 3.
Los candidatos a cargo de director o subdirector quedarán exceptuados del requisito de haber realizado los cursos señalados, de acuerdo al artículo 4 del decreto.
Dichas disposiciones no aplicarán para los que ya ostentan dichas posiciones al momento de la emisión de la normativa.
La antigua normativa, la 261-16 contemplaba cinco años menos dentro de los requisitos para cargos de altos mandos.
Las modificaciones que aparecen en dicho decreto llegan luego que el ministro de Interior y Policía, Jesús- Chu- Vásquez anunciara que se estaría iniciando reestructuraciones en los diferentes cuerpos castrenses, en el marco del lanzamiento del plan piloto de Estrategia de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.
Además, la disposición gubernamental se presenta en momentos en que se sigue en la justicia denominado caso Coral, donde figuran altos mandos militares, acusados de pertenecer a una supuesta red que estafó al Estado.
