El economista Andrés Dauhajre hijo calificó este martes de “populista, absurda y engañosa” la propuesta de entregar a los trabajadores el 30% de sus propios ahorros destinados originalmente para pensiones.
Sostuvo que en esa operación ni el Gobierno ni las AFP no ganaron “absolutamente nada” y que en cambio los trabajadores obtendrán mayor rentabilidad en sus cuentas de capitalización. Asimismo,
A su vez, afirmó que el Gobierno ha sido “´prudente y cauteloso” en el manejo de la economía y las finanzas públicas ante la crisis sanitaria del Covid-19, y en ese contexto defendió la inversión de RD$40,000 que hizo el Ministerio de Hacienda con una emisión de bonos por ese monto, basada en la redención de 12 certificados que las AFP tenían depositados en el Banco Central.
En un documento en que analiza de forma amplia y minuciosa toda la situación de la economía nacional ante la pandemia del coronavirus y las medidas adoptadas, Dauhajre indicó que la propuesta del 30% generaría una inyección de liquidez en la economía de RD$175,000 millones, mientras el impacto de los RD$40,000 millones sería “mínimo” en términos de posibles presiones inflacionarias.
Al abundar en su análisis sobre la forma en que el Gobierno ha manejado la crisis sanitaria, el economista afirmó que “si hubiera querido rentar políticamente la pandemia, como señalan algunos, habría aumentado el gasto público en 4% del PIB, dándole no menos de 11,000 pesos mensuales a todos los trabajadores y hogares de bajos ingresos durante 4 meses”.
En su exposición titulada “desahorro del 30% versus inversión de RD40,000 millones” y específicamente sobre los beneficios que obtendrán los trabajadores, Dauhajre señaló que la rentabilidad por la operación realizada aumentará en RD636 millones al año, mientras se mantienen “intactos” sus ahorros.
De esta forma, reiteró su desacuerdo con la idea de utilizar el 30% de los fondos de pensiones que han planteado y defendido algunos diputados, tras recordar que los principales sindicalistas del país, entre los que cita a Pepe Abreu de la CNUS, Gabriel del Río de la CASC y Jacobo Ramos de la CNTD han calificado esa propuesta como “un engaño para que los trabajadores paguen la crisis”.
En cuanto a las advertencias de eventuales riesgos inflacionarias, dijo que en la medida que se vayan utilizando los RD$40,000 millones, “las presiones podrían surgir si el crecimiento de los agregados monetarios no es moderado, con medidas de contrapeso por la Autoridad Monetaria, y entonces aludió a la prudencia y cautela que debe preservarse desde el Banco Central.
Tras revelar que hasta el momento el Gobierno no ha girado contra esos recursos, indicó que el Ejecutivo “ha tenido que endeudarse, incurriendo en un costo adicional de intereses ascendente a RD$4,200 millones para transferir recursos a cientos de miles de trabajadores que necesitan de ingreso mientras se mantengan las medidas de distanciamiento social y financiar la reactivación económica que se requerirá en las próximas semanas”.
Volviendo acerca de la operación realizada por Hacienda, explicó que ese ministerio se decidió por invertir en el mercado doméstico, dado el hecho de la incertidumbre que por efecto de la pandemia prevalece en el mercado global de capitales y ofreció mayores detalles sobre los beneficios económicos logrados a nivel local.
Dauhajre dijo que el Gobierno había recibido propuestas de bancos globales de inversión para incursionar en el mercado, pero optó por no hacerlo porque las primas de riesgo asignadas por los inversionistas a la deuda soberana de todas las economías emergentes “se habían disparado, luego de los lúgubres pronósticos sobre las caídas del crecimiento del PIB y de los ingresos de divisas en esas economías”.
A manera de explicación, el economista indicó que para colocar los bonos, las AFPs solicitaron al Banco Central la redención anticipada de 12 certificados de inversión que vencían entre noviembre del 2021 y enero del 2025, con un valor en el mercado de RD$40,000 millones.
Precisó que las AFPs transfirieron los pesos recibidos del Banco Central a la cuenta de la Tesorería Nacional en el Banco de Reservas, entidad que a su vez los depositó en una cuenta del Gobierno en el Banco Central, para que el primero utilice esos recursos de acuerdo a las necesidades de liquidez que se vayan vayan presentando.
