San José, Costa Rica.- La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica elegirá mañana miércoles al nuevo presidente que sustituirá a Carlos Chinchilla, quien se acogió a su jubilación de manera sorpresiva en medio de una serie de polémicas.
El nuevo presidente será elegido en la sesión de la Corte Plena entre cuatro candidatos: el presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre; el presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas; el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Cruz; y el magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Castillo.
El Poder Judicial informó que estas fueron las cuatro personas que se postularon para el cargo en un proceso de inscripción de candidaturas que cerró el lunes. La sesión de la Corte Plena de este miércoles será pública, anunció el Poder Judicial.
La elección del nuevo presidente se da en medio de una serie de polémicas, suspensiones e investigaciones de la Fiscalía, derivadas del caso conocido como “el cementazo”, una supuesta red de tráfico de influencias que salpicó al Poder Judicial, al Legislativo y al Ejecutivo.
El pasado 16 de julio el entonces presidente de la Corte Suprema, Carlos Chinchilla, se acogió a la jubilación cuatro días después de que junto a sus compañeros de la Sala Tercera: Doris Arias, Jesús Ramírez y María Elena Gómez, fueran amonestados por escrito.
La amonestación emitida por la Corte Suprema de Justicia se debió a una falta grave al no tomar en cuenta un informe del Organismo de Investigación Judicial antes de acoger la solicitud de una fiscal para desestimar una causa contra dos exdiputados del periodo 2014-2014 relacionada al “cementazo”.
Con Chinchilla ya jubilado y en medio de duras críticas por lo leve de la sanción, la Corte Suprema determinó que había cometido un error en la votación y efectuó una nueva, en la que decidió suspender por dos meses a los cuatro magistrados.
Las magistradas Arias y Gómez presentaron una solicitud de medidas cautelares ante un Tribunal Contencioso Administrativo, que resolvió a su favor de manera expedita y suspendió el castigo, un hecho que investiga la Fiscalía.
El pasado 23 de julio, la Fiscalía informó de que investiga a las dos magistradas por el presunto delito de tráfico de influencias y al juez del Tribunal Contencioso Administrativo por el de prevaricato (firma de resoluciones contrarias a la ley).
El lunes la magistrada Arias también decidió acogerse a la jubilación y afirmó durante su carrera actuó con transparencia, profesionalismo y apegada a la ley.
