Muy buenos días, señoras y señores:
Les hemos convocado para darles cuenta de una relevante operación del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción en nuestro país. Se trata de las investigaciones sobre la venta irregular de los terrenos del sector Los Tres Brazos.
En el año 2016 salió a la luz pública que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), había vendido a una empresa privada tres parcelas de suelo público correspondientes al sector Los Tres Brazos, por la mísera suma de 80 millones de pesos. Un monto ridículo si tenemos en cuenta que se trataba de más de un millón de metros cuadrados donde existían 17,300 viviendas y casi 63.000 habitantes, además de servicios estatales básicos. Esto, señores, es como vender 50 Estadios Quisqueya por el precio de uno.
La empresa que compró las tres parcelas fue Inversiones Fernández Parache & Asociados, INFEPA. Posteriormente, esa misma empresa vendió parte de los terrenos a otra compañía, llamada TITULATEC. En esa transacción los mismos inmuebles que habían sido adquiridos por tan solo 80 millones de pesos al Estado dominicano fueron valorados esta vez en 200 millones de pesos.
Los nuevos propietarios, intentaron luego vender esos mismos terrenos – que habían sido del Estado, les recuerdo – a las mismas familias que los habían ocupado durante décadas sin título de propiedad, por miles de millones de pesos.
La operación, que se hizo en silencio y en secreto, permitía presumir seriamente que se trataba de un caso gravísimo de corrupción, que perjudicaba a los ciudadanos y ciudadanas de los terrenos y a los intereses del Estado.
Con valentía que agradecemos y admiramos, las organizaciones sociales y los propios vecinos informaron a las autoridades de las alarmantes maniobras de las empresas que pretendían cobrar a las familias por sus viviendas, con la excusa de que así obtenían un título de propiedad supuestamente legítimo.
Frente a la gravedad de los hechos, el Ministerio Público inició una investigación muy intensa, que se ha desarrollado durante meses en completo silencio y estricta discreción, como corresponde a la fase preparatoria de un proceso penal.
Formamos un equipo multidisciplinar, con una comisión investigadora compuesta por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa y el Abogado del Estado. Participó también un equipo de fiscales de carrera expertos en corrupción y derecho inmobiliario junto a un eficiente equipo de abogados externos, quienes comenzaron a desentrañar las maniobras dolosas que hicieron posible la venta fraudulenta de estos terrenos.
Como resultado de este proceso logramos recabar más de 300 piezas documentales y otras tantas testimoniales que son fundamentales para esclarecer la secuencia de los hechos y las personas implicadas en este intento de fraude masivo.
De gran importancia para nuestra investigación fue el informe preparado por la Comisión Evaluadora de la Venta de los Terrenos de Los Tres Brazos, órgano creado a instancias del Poder Ejecutivo. A pesar de que no era teóricamente vinculante para este Ministerio Público, el informe incluyó valiosos hallazgos que han sido determinantes para nuestra investigación.
Permítanme que de las gracias a las varias decenas de profesionales, funcionarios y del sector privado, que han contribuido en la investigación. A las y los fiscales, a los miembros de la Comisión investigadora, a los miembros de la Comisión evaluadora. A ellos y a todo su personal de apoyo, les doy las gracias por contribuir con su trabajo a que avancemos en la construcción de un país más transparente y más justo.
El trabajo realizado durante estos meses nos ha permitido determinar indicios serios y graves de responsabilidad penal para 11 personas, entre ellas funcionarios públicos, exfuncionarios y empresarios.
De las evidencias recolectadas hasta el momento se infiere que los individuos que enumeraremos a continuación participaron presuntamente de forma directa en la comisión de diversos actos ilícitos, entre los cuales se encuentran los tipos penales de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros establecidos en nuestro Código Penal. Cada caso es individual, por supuesto, y las acusaciones concretas de cada caso se sustanciarán de manera particular.
Estas once personas son: Leoncio Almánzar Objío, ex Director de CORDE; Irving José Cruz Crespo, ex Consultor Jurídico de CORDE; Manuel Aybar Ferrando; ex Gerente Inmobiliario de CORDE; Rosabel Castillo Rolffot, ex Registradora de Títulos del Distrito Nacional y actual Directora Nacional de Registro de Títulos; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, principales accionistas de la entidad comercial INFEPA; Juana Ynés Gómez Williams, hermana de los imputados Gómez Williams y principal accionista y representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias GOWI; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC; y los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella.
La presunta trama de corrupción es compleja, pero tenemos pruebas de que los imputados actuaron con mala fe y de manera coordinada para estafar a miles de familias de Los Tres Brazos, y a la nación entera, en beneficio propio. Nuestro compromiso contra la corrupción es total y este procurador hará todo lo posible para que caiga sobre los presuntos corruptos todo el peso de la ley.
Permítanme que les explique brevemente la secuencia de los hechos, en cuatro etapas:
La primera etapa corresponde a la venta de los terrenos del Estado.
En ella, el ex Director de CORDE, Leoncio Almánzar Objío y los ex funcionarios Irving José Cruz Crespo y Manuel Aybar Ferrando, se confabularon, junto a la imputada Juana Ynés Gómez Williams, de la empresa intermediaria Proyecciones Inmobiliarias GOWI, para vender los terrenos públicos de Los Tres Brazos.
Para ello ejecutaron una serie de calculados movimientos en los que Proyecciones Inmobiliarias GOWI se hizo pasar inicialmente como una compañía únicamente interesada en participar en la regularización de los terrenos del sector Los Tres Brazos para su posterior venta a sus ocupantes.
Sin embargo, las verdaderas intenciones de estos imputados fueron reveladas cuando lo que era un simple proyecto de regularización se convirtió de repente en un plan de venta completa y total de los terrenos de este sector, a precios muy por debajo de su valor real.
Por ejemplo, una de las parcelas, que había sido tasada ese mismo año por la DGII en 85 millones de pesos, fue vendida a través de Proyecciones Inmobiliarias GOWI, en 4 millones de pesos, es decir, veinte veces por debajo de su valor de mercado. Si el metro cuadrado estaba tasado en 450 pesos, ellos lo vendieron por el ridículo precio de 21 pesos.
Pero eso no fue todo. Durante las negociaciones, la imputada Juana Ynés Gómez Williams se aseguró de que la venta se hiciera a la empresa INFEPA, propiedad de sus hermanos, los imputados Carlos Aris y Julio César Gómez Williams, en la que también participaba el imputado Domingo Lebrón de los Santos.
Si me permiten la expresión coloquial, señoras y señores, a precio de vaca muerta, los hermanos y sus cómplices se hacían con todo un enorme barrio de la provincia de Santo Domingo y así el fraude al Estado dominicano quedaba en familia.
La segunda etapa del fraude se corresponde al falseamiento de registros y al registro irregular de la transferencia.
¿Cómo evitar que la venta de los terrenos del Estado fuera aprobada por el Congreso Nacional, como manda la Constitución? Haciendo creer que los terrenos pertenecían a empresas privadas. Para ello interviene la imputada Rosabel Castillo Rolffot, entonces registradora de títulos del Distrito Nacional, que registró la transferencia fraudulenta con la complicidad de los funcionarios de CORDE.
Está imputada jugó un papel fundamental en la materialización del fraude contra el Estado que hoy explicamos a la nación. Como registradora de títulos, Rosabel Castillo tenía la obligación de investigar el estado jurídico de las parcelas del sector Los Tres Brazos antes de aprobar su transferencia.
Pero la imputada omitió la realización de esta gestión básica de su función. Hizo esto de manera intencional para desconocer un hecho clave en la historia de estos inmuebles: Estos terrenos NO eran privados, ya que en el año 1976 las parcelas 153-A-1 y 153-A-2 del sector Los Tres Brazos habían sido declaradas de utilidad pública mediante un decreto que se encontraba debidamente inscrito en el Registro de Títulos.
Una simple búsqueda registral hubiera revelado la condición inequívoca de estos terrenos como bienes del Estado dominicano y no bienes privados, confirmando que, efectivamente, su venta debía ser aprobada previamente por el Congreso Nacional.
Sin embargo, la imputada Rosabel Castillo hizo caso omiso a esta obligación. En su afán por materializar el fraude junto a los demás imputados, tenemos indicios de que llegó incluso a ignorar las numerosas advertencias de los técnicos subordinados que explicaban que aquellos terrenos eran en realidad propiedad del Estado Dominicano, y que se estaba cometiendo una ilegalidad. Si hubiera atendido las advertencias y hubiera investigado mínimamente, la imputada y sus cómplices habrían tenido que someter la venta a la aprobación del Congreso Nacional, lo que habría evitado el fraude sin lugar a dudas.
La tercera etapa de esta trama contra el Estado dominicano se desarrolló durante el proceso de deslinde y subdivisión de los terrenos de la parcela 153-A-2.
Aquí intervinieron de forma directa los imputados y agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, quienes en el ejercicio de sus funciones como oficiales públicos incurrieron en perjurio y falsedad en los trabajos de mensura que presentaron ante la Jurisdicción Inmobiliaria.
Con el objetivo de facilitar el registro ilícito de las ventas de los inmuebles, estos agrimensores, de manera intencional, declararon falsamente que habían notificado la operación de deslinde a los ocupantes de Los Tres Brazos, evitando así cualquier contestación que pudiera entorpecer sus maniobras fraudulentas.
Además, los imputados Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella obviaron mencionar en sus trabajos de mensura la existencia de una amplia infraestructura social estatal, incluyendo una escuela pública y un destacamento policial, con la clara intención de ocultar la verdad: que esos terrenos no eran de empresas privadas, sino del Estado dominicano.
Una vez completada esta parte del fraude, se desarrolló una cuarta y última etapa, que corresponde a la reventa de los inmuebles.
Aquí intervienen la compañía TITULATEC, y su accionista y representante, el imputado José de Pool Dominici, además de otras sociedades comerciales que se mantienen bajo investigación.
Esta compañía se confabuló con INFEPA y los demás imputados para comprar los inmuebles del sector Los Tres Brazos, con el objetivo de venderlos a sus mismos ocupantes a precios exorbitantes.
Al mismo tiempo, TITULATEC, junto a INFEPA y Proyecciones Inmobiliarias GOWI, valiéndose de un entramado societario, concertaron pagar los terrenos que INFEPA había comprado originalmente, mediante la entrega de otros inmuebles que se encontraban gravados o a nombre de terceros, para luego exigirlos de vuelta en pago por concepto de comisiones a favor de Proyecciones Inmobiliaria GOWI y la imputada Juana Ynés Gómez Williams. Es decir, señores, que el Estado nunca entraría en posesión de dichos inmuebles dados en supuesto pago. Estas, entre otras maniobras que fueron aceptadas dolosamente por los funcionarios de CORDE, perjudicaron gravemente el patrimonio público.
Con esto lograban desfalcar al Estado una vez más.
Se trata, como ven, de uno de los fraudes más importantes que nuestro país ha conocido.
Cuando tuvimos conocimiento de la presunta trama, solicitamos al juez de Instrucción órdenes de arresto contra los imputados. El juez encontró mérito y autorizó con orden judicial los arrestos, los cuales están siendo ejecutados en este preciso momento. De manera simultánea se están allanando para su registro las casas y las empresas de los imputados para la búsqueda de pruebas adicionales.
Por la gravedad de los delitos que se imputan y por las posiciones de influencia de algunos de los encausados requeriremos al juez en las próximas horas que imponga prisión preventiva a cada uno de los once imputados.
Vamos a solicitar también al juez la declaratoria de complejidad del caso, debido a la variedad de los hechos delictivos investigados, la cantidad de víctimas y los abundantes elementos probatorios que tenemos que encajar en el complejo laberinto de la trama.
Esto nos permitirá fortalecer aún más la investigación, contar con más pruebas y determinar la responsabilidad de otros posibles imputados. Aunque hemos trabajado muy intensamente durante meses, vamos a seguir haciéndolo para depurar todas las responsabilidades y hasta las últimas consecuencias. La investigación continúa.
Señoras y señores,
En un país democrático como el nuestro, los funcionarios deben estar al servicio de las ciudadanas y los ciudadanos. Los imputados en este presunto caso de corrupción, traicionaron ese principio fundamental. Lo demostraremos y pagarán por ello. Como lo harán también los empresarios que con ellos confabularon.
He dicho muchas veces, y lo reitero hoy, que este servidor junto al Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, perseguiremos la corrupción sin miedo, sin ataduras y sin favoritismos. Nuestros conciudadanos están clamando por el fin de la corrupción y la impunidad, y nosotros estamos atendiendo su demanda. Llegó hoy la hora de Los Tres Brazos y seguiremos con cada caso que se nos presente.
Les pido a ustedes, señoras y señores de los medios de comunicación, que estén atentos y vigilantes. Porque desempeñan ustedes un papel fundamental en la lucha contra la corrupción.
Y le pido a mis compatriotas dominicanos, a todos y todas, cada cual desde su posición, que nos acompañen en la batalla. Que denuncien. Que no toleren la corrupción ni el clientelismo en ninguna de sus formas. Que no se cansen ni se rindan. La inmensa mayoría de las dominicanas y los dominicanos somos ciudadanos honrados, hombres y mujeres de bien, y vamos a ganarle la batalla a los corruptos.
Cuentan conmigo y con mi firme compromiso. Tolerancia cero con la corrupción. Trabajo sin descanso por la transparencia. Descubriremos las maniobras y resistiremos las presiones. Yo no me canso ni me rindo, como sé que no lo harán los cientos de funcionarios que trabajan conmigo.
Les reitero hoy, con la firme convicción de quien cumple con su palabra, que en este caso nadie quedará impune. Que todo aquel, sea quien sea, que haya infringido la ley, tendrá que enfrentar las consecuencias, que resistiremos juntos los ataques, las calumnias y las maniobras de confusión. Que no voy a negociar mi palabra empeñada a cambio de nada, porque mi dignidad y el sentido del honor de todos los hombres y mujeres que me acompañan en el Ministerio Público, no pueden verse comprometidos por unos pocos corruptos.
Los que queremos un país mejor somos más y más fuertes que quienes lo traicionan. Creo en nuestra nación y creo en la voluntad de su gente. Igual que en otros casos, seguiremos trabajando, sin miedo y sin tregua, hasta llevar a la justicia a cada uno de los responsables de este fraude. El Estado Dominicano y las familias del sector Los Tres Brazos pueden estar seguros de ello.
Muchas gracias.
