El gobierno interino de Bolivia recurrirá a la ONU -más precisamente, al Alto Comisionado para los refugiados (ACNUR)- para consultarle formalmente si el ex presidente del país, Evo Morales, puede hacer política en Argentina, donde se encuentra con estatus de refugiado.
Así lo confirmó la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, quien, en contacto con medios en La Paz, expresó: “Vamos a consultar si está permitido que los refugiados emitan opiniones de carácter político o realicen actos políticos que pongan en peligro la estabilidad del país que los persigue”.
En caso de recibir una respuesta positiva a sus reclamos, anticipó, el gobierno interino luego presentará una queja formal ante el gobierno argentino. “Es una consulta de carácter jurídico internacional que es el paso que debemos seguir. Esperaremos que el Alto Comisionado responda sobre el particular y después de ello hacer la queja formal”, graficó.
La Paz ya se había quejado por el mismo tema ante el gobierno mexicano, país al que viajó Morales luego de presentar su renuncia como presidente en medio de una fuerte convulsión social.
El nuevo gobierno de Alberto Fernández, no obstante, se ha expresado su permiso público a Morales para que realice declaraciones de carácter político durante su estadía en el país. En diálogo con un medio local, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero dijo que “el refugiado tiene los mismos derechos que un ciudadano argentino, con lo cual tiene libertad de expresión, de declarar, de pensar y decir lo que quiera”. “Nosotros no levamos a restringir sus libertades”, agregó.
Morales ha hecho declaraciones del estilo en numerosas ocasiones desde su llegada a Argentina el 12 de diciembre, tanto a medios de comunicación como a través de sus redes sociales. También se ha reunido con referentes políticos locales, entre ellos el Presidente.
El Poder Judicial de Bolivia ya ha tomado acciones contra el ex mandatario. El miércoles, la fiscalía de La Paz lo acusó de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo y emitió una orden de aprehensión en su contra.
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El proceso abierto contra el ex gobernante, quien dimitió el 10 de noviembre, se sustenta en un audio revelado por Murillo, en el que supuestamente se escucha la voz de Morales dando instrucciones a uno de sus partidarios, el cocalero Faustino Yucra, para bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a algunas ciudades. En la grabación, que hizo pública el Gobierno de Jeanine Áñez, la voz atribuida a Morales insta a Yucra a dar “dura batalla a los fascistas y racistas”. “Va a ser hora de combate, combate, combate (…) Con el pueblo alteño y otros sectores, vamos a derrotarlos”, sostiene.
En una declaración a medios argentinos, Morales aseguró que la orden es “injusta, ilegal e inconstitucional”. “Desde 1989 todos los presidentes hasta el 2005 (año en el que fue elegido para la presidencia) todos los presidentes me procesaron por terrorismo, sedición, narcotráfico y hasta asesinato. Les he ganado a todos”, agregó.
El gobierno argentino, en tanto, ya ha adelantado que “no entregará por ningún motivo a Morales”. Según reveló a Infobae un alto funcionario de la Casa Rosada, el Presidente se comunicó con Morales para darle su pleno apoyo y asegurarle que el Estado argentino protegerá su integridad física e impedirá que se lo entregue a las autoridades judiciales de Bolivia y a la presidente interina de ese país, Jeanine Áñez.
“Vamos a proteger a Evo Morales porque corresponde hacerlo en su calidad de refugiado político y porque todo el pedido de detención es una farsa”, explicó otro funcionario del Gobierno.
