El abogado Ricardo Alcántara hizo un llamado al presidente de la República, Luis Abinader y al Ministerio de Turismo para que tomen medidas ante las estafas inmobiliarias que se registran en el país, ya que los ciudadanos de la diáspora dominicana aseguran que la seguridad en inversiones en territorio dominicano es mínima.
“Es bueno aprovechar este prestigioso medio para hacerle un llamado al Ministerio de Turismo, a David Collado y como no en las manos del presidente Luis Abinader para que tomen cartas en el asunto en ese tipo de estafas inmobiliarias que está en la República Dominicana y que los ciudadanos de la diáspora han denunciado, han expresado su queja de que la seguridad para la inversión en el territorio dominicano es muy mínima”, indicó Alcántara.
En ese sentido, el representante legal en el caso Nido, Elín Sepulveda abogó por que las autoridades hagan leyes que puedan sancionar a los que incurran en este tipo de robo, trabajando conjuntamente para evitar que el país se convierta en “un paraíso” para cometer dicho delito.
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Red de estafa millonaria
El principal acusado en la Operación Nido, Emmanuel Rivera Ledesma, es señalado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) como el cabecilla de una estructura que estafó a decenas de personas mediante proyectos inmobiliarios fraudulentos.
El monto de la estafa supera los RD$235 millones y los $10 millones de dólares, dinero que, según la acusación, debe ser devuelto a las víctimas. Entre los demás implicados figuran Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera, Wilton Manuel Peralta Brito y Franklin Benjamín Martínez Jokson, así como las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL.
Durante la investigación, luego de un reportaje de N Investiga, el Ministerio Público logró incautar casas, apartamentos, vehículos y maquinaria pesada, adquiridos presuntamente con fondos obtenidos a través de la estafa. También se determinó que parte del dinero fue utilizado para financiar el lujoso estilo de vida de los acusados.
La desarticulación de la red fue posible gracias a 25 allanamientos realizados en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, donde se confiscaron múltiples bienes vinculados a los imputados.
