Por Carlos Arturo Guisarre. Es muy grande el peso de las pruebas testimoniales en el expediente Operación Calamar, que acusa a 34 personas de desviar DOP 21,000 millones del erario. En su acusación, la Procuraduría Especializada de Persecusión de la Corrupción Administrativa (PEPCA) presenta el testimonio de 170 personas, cuyas entrevistas presumiblemente fueron conducidas por Wilson Camacho, cabeza del PEPCA, y otros 11 fiscales.
A lo interno de la acusación, fue clave para el Ministerio Público las evidencias testimoniales, de modo que los investigadores conozcan los pormenores de las operaciones de lavado de activos, cobro de sobornos, falsificación de documentos y financiamiento ilícito de campaña, que caracterizan a esa nueva trama judicial que, entre otros, encarta a Donald Guerrero, exministro de Hacienda; Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, y José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, hombres de suma confianza del pasado presidente Danilo Medina.
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Con el testimonio de Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, la PEPCA trata de probar que este fungía como contacto directo del acusado Donald Guerrero y la estructura criminal. “Asimismo, se prueba cómo operaba la estructura, donde se demuestra que la estructura de corrupción en las personas de los acusados Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo
Castillo, Daniel Omar de Jesús Caamaño, junto a Víctor Matías Encarnación Montero, utilizaron las empresas de Bolívar Antonio Ventura (Diseño de Obras de Infraestructura con Tecnología Avanzada (DOITECA) S.R.L, Construcciones y Diseño R.M.N S.R.L, Consorcio Tecnológico de la Construcción (CTC), así como Diseño y Presupuestos de Edificaciones y Carretera con Alta tecnología (DIPRECALT) S.R.L) para distraer fondos del patrimonio público, a través de presupuestos y cubicaciones adulteradas que tenían como sustento acuerdos de reconocimientos de deudas de trabajo adicionales con contratos adjudicados con la OISOE, y que se basan en volumetrías inexistentes”.
Con la parte de Fernando Crisóstomo Herrera, la PEPCA trata de probar que este era, desde la parte no gubernamental, era el brazo operativo del entramado de corrupción. “También probamos que la estructura de corrupción utilizaron las empresas del señor Bolívar Antonio Ventura (Diseño de Obras de Infraestructura con Tecnología Avanzada (DOITECA) S.R.L, Construcciones y Diseño R.M.N S.R.L, Consorcio Tecnológico de la Construcción (CTC), así como Diseño y Presupuestos de Edificaciones y Carretera con Alta tecnología (DIPRECALT) S.R.L) para distraer fondos del patrimonio público”.
El testimonio de Francisco Pagán, de acuerdo con la PEPCA, prueba, en su calidad de director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), su participación en los hechos establecidos en la presente acusación; donde los acusados utilizaron las empresas de Bolívar Antonio Ventura (Diseño de Obras de Infraestructura con Tecnología Avanzada (DOITECA) S.R.L, Construcciones y Diseño R.M.N S.R.L, Consorcio Tecnológico de la Construcción (CTC), así como Diseño y Presupuestos de Edificaciones y Carretera con Alta tecnología (DIPRECALT) S.R.L), para distraer fondos del patrimonio público, donde este, por directrices establecidas por los acusados Donald Guerrero y José Ramón Peralta instruyó a Víctor Matías Encarnación Montero, que hiciera lo que sea para poder realizar los pagos de las cubicaciones pendientes que tenía el ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez con la OISOE.
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De la misma manera, el testimonio de Wilfredo Arturo González Castillo prueba que “en su calidad subdirector de cubicaciones de la OISOE, participó en los hechos establecidos en la presente acusación; donde recibió instrucciones de parte de Francisco Pagan, para que instrumentara junto con Víctor Matías Encarnaciones los expedientes de las empresas de Bolívar Ventura Rodríguez que tenía en la OISOE y así poder realizar los pagos de las cubicaciones pendientes.
Entonces, con el testimonio de Alba Iris Zabala Lorenzo, en su calidad de subdirectoras de la Región Este de OISOE, el Ministerio Público busca comprobar que el departamento de la región Este no levantó las partidas de las volumetrías de los acuerdos de reconocimiento de deuda por adicionales de trabajo realizados sobre contratos adjudicados por la empresa
de Bolívar Ventura Rodríguez en la OISOE que datan de más de 10 años, ubicados en la zona este y que se identifican en la presente acusación, por cual se demuestra que no se hizo un levantamiento de campo con los técnicos competentes, sino que se adulteraron dichas volumetrías dando al traste a presupuestos y cubicaciones adulteradas. “Además, probamos que dichos trabajos adicionales no fueron ejecutados por la empresa contratista”.
El testimonio de Anderson Steve Acevedo Peña le sirve a la PEPCA para sustentar que en su calidad presidente de la Agencia RM S.A participó en los hechos establecidos en la acusación; donde le facilitó dinero en efectivo a Bolívar Ventura Rodríguez, específicamente la cantidad total de DOP 100,000,000.00 en efectivo, remitiéndose en diferentes envíos de dinero a través de sus empleados, quienes iban a transportar el dinero a la oficina del ingeniero Ventura Rodríguez, pero en una ocasión a pedido de este, le pide a Anderson Steve Acevedo Peña que le envíe a la OISOE DOP 50,000,000.00 en efectivo y Acevedo Peña le da instrucciones a sus empleados para que transporte dicho dinero dividido en dos fundas plásticas negras, cada una de DOP 25,000,000,00 en efectivo y a la OISOE donde Bolívar Ventura Rodríguez recibe el dinero indicado en dicha institución específicamente en el sótano. A su vez tuvo operaciones financieras con Fernando Crisóstomo utilizando los instrumentos empresariales, Prominex Multiservicios, SRL, Rediux Consulting SRL, Axionova Group SRL y BXT Dominicana SRL, por montos mayores a DOP 200,000,000.00, y que posteriormente fueron convertidos a dólares.
Asimismo, el testimonio de Belkiz Antonia Tejada, exconsultora jurídica de Bienes Nacionales, prueba, de acuerdo con la PEPCA, que los expedientes de pago por expropiación de terreno cuando eran completados se mandaban automático al Ministerio de Hacienda, pero a partir de esa fecha solo se mandaba al Ministerio de Hacienda lo que pedía el ministro, Donald Guerrero, y que a tales fines, el fenecido Emilio Rivas le instruyó a que todo lo que pedía desde el Ministerio de Hacienda, Donald Guerrero, enviarlo sin demora, a que todo lo de Hacienda se le diera prioridad y que se despachara de una vez. Que dicha instrucción fue dada en una reunión donde se encontraba todo el Staff, después de la cual le entregó una lista de expedientes de Fernando Crisóstomo, entre los que estaban los expedientes que son parte de la investigación, para que les trabajaran los acuerdos transaccionales, indicándole que de esa lista los que tenían asterisco eran los que se iban a trabajar.
De su lado, el testimonio de Battesimo Bruno Palamara Mieses sirve para sustentar todo el proceso ilícito que realizaron los acusados para la compra fraudulenta de los terrenos propiedad de los señores Battesimo Bruno Palamara, Battesimo Palamara Mieses, Sandra Aracelis Palamara Mieses, Angiolina Celeste Palamara M Del Gatto y Gemma del Carmen Palamara Mieses de Winter, con una extensión superficial de 1, 094,222.31 m2, y otra parcela con una extensión superficial de 94,323.5 m2, y que con dicha acción dolosa los acusados desfalcaron y estafaron el patrimonio del Estado dominicano.
Además, el expediente cita a Ruddy Nelson Frías Ángeles, cuyo testimonio estima que Fernando Crisóstomo lo contrataba para notarizar los actos que utilizaba el entramado de corrupción, entre ellos cesiones de crédito y acuerdos transaccionales de compra-venta de terreno, con el fin de obtener las sumas millonarias del patrimonio público. “Probamos que él no era notario público del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) ni de la Dirección General de Bienes Nacionales (BN), sino que él mismo actuada en dichas entidades públicas a petición de Fernando Crisóstomo, que formaba parte del entramado de corrupción dirigido por el acusado Donald Guerrero Ortíz.
José René Gutiérrez Gatón (a) Voitaire, en su testimonio citado por la PEPCA, plantea las circunstancias en que se dieron para poder cobrar el dinero pagado por los derechos sucesorales de Francisca Toloparca Gatón, en qué condiciones cedieron poder de representación a Wilfredo Castillo Rosa y cuándo pagaron los impuestos sucesorales.
Con el testimonio de Francisca Familia Mercedes, la PEPCA prueba “las maniobras fraudulentas empleadas por el acusado Ángel Lockward, a los fines de lograr a su favor, la erogación de fondos por parte del Estado en el proceso de pago por expropiación de los terrenos que ocupan el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
Para probar el tiempo que duraron y las diligencias que agotaron los socios de Molinería Oriental, S.R.L., a los fines de lograr que el Estado les pagara por la expropiación de la porción de terreno con área de 17,965.00 metros cuadrados, ubicada en el municipio Santo Domingo Este, que fue declarada de utilidad pública a través de un decreto de febrero del año 1976, y que era de su propiedad; la forma en que fue contactado por Fernando Crisóstomo, y la propuesta que este le hizo en torno a gestionar que le saliera el pago, a cambio del 50% del monto total del expediente por expropiación de terrenos; y la rapidez con la que salió el pago a nombre de Molinería Oriental, S.R.L., por la expropiación del terreno antes descrito, luego de éstos haber aceptado la propuesta que le hizo Fernando Crisóstomo, la PEPCA utilizó el testimonio de Víctor Alejandro Robles Vargas.
De igual manera, el testimonio de Wilma Esmeralda Rosario Santana de Mármol, quien fue abogada de la Dirección General de Crédito Público, trata de probar que en los casos de expropiación puestos a su cargo fueron pagados aun no cumpliendo con los requisitos faltantes y las presiones recibidas por quien fuera su directora, la acusada Princesa García, para la agilización de estos procesos para que fueran pagados; así como cualquier otra información que sea de su conocimiento y de interés para este proceso.
