La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que busca modificar los contratos de concesiones firmados por el Estado antes de la promulgación de la Ley de Compras y Contrataciones, en el 2006, tras aprobar hoy el referido proyecto en una segunda lectura.
Con 96 votos a favor, pertenecientes a los perremeístas, ocho en contra y 46 abstenciones de los opositores, fue aprobada la ley. Al no presentar modificaciones, la normativa está lista para ser promulgada por el Poder Ejecutivo, ya que fue aprobada por el Senado en septiembre.
El proyecto de ley argumenta que el Estado todavía tiene concesiones vigentes contratadas antes del 2006, cuando no existía un marco normativo que regulara de forma adecuada la administración, gestión y modificación de los contratos de concesiones, y por lo que faltan elementos suficientes que regulen los propósitos de los acuerdos.
De acuerdo con el proyecto, los convenios que pudieran ser modificados son aquellos que están bajo el Poder Ejecutivo, los organismos autónomos y descentralizados no financieros, las empresas o agentes del sector público no financieros y los ayuntamientos. Por lo que quedan excluidos los permisos, licencias, autorizaciones y las concesiones establecidas en leyes sectoriales siempre que su objetivo no sea la provisión, gestión u operación de servicios de interés social.
En tanto que, para la modificación de un contrato, el proyecto determina que la intención debe realizarse por escrito en conjunto con los estudios y análisis técnicos de los motivos para modificar o renovar el contrato, el tiempo máximo a ser renovado y cualquier otra cláusula que requiera ser incluida.
El departamento de auditoría legislativa de la Cámara de Diputados, además, emitió un análisis legal en el que recomienda que, con el uso de la ley, los contratos de concesión deberán llamarse ”contratos de alianza público-privadas”.
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