Sectores a favor y en contra petición de Miriam Germán de llamar a víctimas LGTBQI con género que se identifiquen

La comunidad evangélica y diversas figuras se mostraron a favor y en contra del pedimento de la procuradora general de la República, Miriam Germán, que sugiere todo personal que atienda a una víctima de la comunidad LGTBIQ debe dirigirse a su persona de acuerdo al género que exprese.

La sugerencia de la magistrada generó el avispero en personalidades políticas y cristianas, quienes de inmediato mostraron sus opiniones a través de las redes sociales que favorecen y desfavorecen dicha petición.

En ese sentido, el pastor evangélico Feliciano Lacen, calificó como una violación a la Constitución dominicana de la libertad de expresión y pensamiento, ya que no se trata de un asunto de preferencia, por lo que rechazó las declaraciones de Germán.

Por otra parte, Omayra Álvarez expresó su preocupación ante tal petición.

En ese orden, el dirigente político Vinicio Castillo, lo calificó como ilegal,  la solicitud de Germán y pidió la medida sea revocada.

“Con todo respeto Mag , eso es ilegal . El sexo es el que indica su documento identidad civil @ProcuraduriaR. Revoquen esa medida . Y si no lo hacen , ningún funcionario o empleado público está obligado a complir esa instrucción”, posteó en su cuenta de Twitter.

Además de que afirmó que esta instrucción debe aprobarse a través de una ley en el congreso para poderse aplicar.

Asimismo, Dilcia Leticia Jorge Mera expresó que con este pedimento el país avanza a pesar de…el futuro no hay quien lo detenga.

Doña Miriam Germán, ¿Podría indicarnos cuál es la legislación en la que usted se ampara para imponer ese solemne disparate con el que pretende usted, valiéndose de su posición transitoria de Procuradora General de la República, promover el lobby LGTB y la destrucción la familia? @MGermanBrito

Agregó “Doña Miriam Germán es reincidente en sus ataques contra la vida y la familia. Entiendo que está cumpliendo órdenes de su jefe Luís Abinader”.

Germán Brito, instruyó que los casos relacionados con violencia de género deben ser referidos a las unidades especializadas, pero luego de tomar la denuncia y realizar las primeras diligencias de protección.

Expresó que de no existir una unidad especializada en la jurisdicción, se informará inmediatamente al fiscal titular para que determine lo que corresponda.

Indicó que en respeto a la identidad y orientación de género, todo personal que atienda a una víctima de la comunidad LGTBIQ, debe dirigirse a su persona de acuerdo al género que exprese, siempre se debe guardar discreción sobre los datos revelados.

Manifestó que en los casos que involucren maltrato o puesta en riesgos de niños, niñas o adolescentes, se informará también a la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público para que tome conocimiento y preste la asistencia correspondiente, señalando que cuando sea necesario se referirá a la persona al Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la víctima (RELEVIC), para su debida representación.

Expresó que, en casos de altos riesgos, cuando la víctima tiene conocimiento de que el a (la) agresor (a), la persigue, amenaza o asedia y /o posee armas de fuego, en este sentido, se tomarán las medidas de seguridad y cautelares urgentes, y se solicitará el arresto y conducencia inmediata.

Sostuvo que a fines de fortalecer la inteligencia criminal, el Ministerio Público debe registrar los datos que permitan caracterizar el delito, como edad de víctimas y agresores, género, tipo penal, lugar y modus operandi y que los mismos serán remitidos periódicamente al Departamento de Estadísticas y Análisis de la Procuraduría.

Consideró que esa instrucción dada el primero de septiembre pasado, es aplicación obligatoria, inmediata y general, pero que, sin embargo, en casos excepcionales en que corresponda apartarse de planteado, se deberá siempre solicitar autorización a la Dirección General del Ministerio Público, que informará al Procurador (a), General de la República.

Señaló que la presente instrucción general se dicta con el objetivo de establecer las políticas internas que deben regir las actuaciones del ministerio público en los casos que involucren a personas de población es vulnerable, es decir, de acuerdo a las 100 Reglas de Brasilia, personas que por razón de su edad, orientación o identidad de género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran dificultades para ejercer a plenitud los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.