El Ministerio Público solicitó a Napoleón Estévez, juez de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, la imposición de una garantía económica, en efectivo, ascendente a 100 millones de pesos (RD$100,000,000), como medida de coerción, contra la diputada Rosa Amalia Pilarte López, PRM-La Vega, acusada de lavado de activos.
En el expediente de formal acusación, solicitud de apertura de juicio e imposición de medida de coerción, las autoridades también solicitaron presentación periódica de la congresista por ante el Ministerio Publico a cargo de la investigación, cada 30 días mientras dure el proceso.
El pedido de medida de coerción también abarca impedimento de salida del país para la congresista PRM-La Vega
“Disponer que se mantengan las medidas cautelares de secuestro, incautación y las oposiciones a traspasos que pesan sobre los inmuebles en poder del Ministerio Público y la inmovilización de los productos bancarios activos en el presente proceso, hasta tanto la Procuraduría General de la República, Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales se pronuncie o no su decomiso definitivo por ante el tribunal que resulte competente para celebrar el juicio de fondo que habrá de conocerse en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional”, indica el voluminoso expediente de 71 páginas, copia del cual tiene N Digital.
La diputada Pilarte López está acusada de mover más dos billones 593 millones de pesos en el sistema financiero nacional, fruto de actividades del narcotráfico de una red que la autoridades atribuyen a su esposo, José Miguel López Florencio, conforme a la investigación realizada por la fiscalía de La Vega.
La acusación contra la congresista oficialista está sustentada en violación a la Ley 155- 17 contra el Lavados de Activos y Financiamiento, en sus artículos 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 9 numerales 1 y 2.
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