La Procuraduría General de la República afirmó que trabaja diligentemente en la conclusión de la investigación de cada caso de los diputados acusados por vinculaciones al narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
La información fue ofrecida a N Digital por el procurador adjunto Pedro Amador, quien tiene a su cargo las pesquisas en el departamento de Jurisdicción Privilegiada, sobre cuatro diputados cuestionados, y quien dejó claro que los casos que apliquen, serán presentados los actos conclusivos qué corresponda conforme a la prueba disponible.
La reacción del magistrado Amador se produjeron luego de que N Digital publicara que el Ministerio Público aún no ha podido pasar de la palabra a los hechos, pues no presenta acusación formal por ante la Suprema Corte de Justicia contra cinco legisladores acusados de diversos delitos, entre ellos: narcotráfico y lavado de activos, a pesar de que algunos de estos expedientes cumplen dos años de haber sido ventilados en medios de comunicación y notificados en la SCJ.
“Puede indicarle que, en cuanto a los diputados mencionados en nuestro departamento de Jurisdicción Privilegiada, trabajamos diligentemente y sin descanso en la conclusión de la investigación en cada caso; en los casos que aplique, le serán presentados los actos conclusivos qué corresponda conforme a la prueba disponible”, sostuvo Amador en respuesta a pregunta de este medio.
Los diputados señalados para ser juzgados en jurisdicción privilegiada son: Rosa Amalia Pilarte (PRM-La Vega), vinculada en la red de narcotráfico y lavado de activos que el Ministerio Público atribuye a su esposo, Miky López. Mañana se cumplen dos años de que la SCJ, designó al juez Napoleón Estévez, para que actúe como juez de instrucción especial, dada la investidura de la congresista.
También Nelson Marmolejo Gil (PRM-Santiago), Faustina Guerrero Cabrera (PRM-Hato Mayor) y Héctor Darío Feliz Feliz (PRD-Pedernales), encartados en la denominada Operación Falcón, una red señalada en actividades de narcotráfico y lavado de activos. Hace un año y 10 meses de la acusación en su contra y aún el MP no procede en su contra por ante el juez Estévez.
El último caso involucra a Sergio Moya (PRM-Distrito Nacional) y el es único que no es invesigado por el procurador adjunto Amador. El congresista está vinculado en la denominada Operación Calamar, entramado que el MP señala haber expropiado más de 19 mil millones de pesos del Estado. Es el caso más reciente y su acusación se produjo el pasado mes de abril.
