El Ministerio Público aún no ha podido pasar de la palabra a los hechos, pues no presenta acusación formal por ante la Suprema Corte de Justicia contra cinco legisladores acusados de diversos delitos, entre ellos, como narcotráfico y lavado de activos, a pesar de que algunos de estos expedientes cumplen dos años de haber sido ventilados en medios de comunicación y notificados en la SCJ.
Incluyo, ya es vieja la designación del juez Napoleón Estévez, quien actúa como juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia para conocer de las acusaciones contra los legisladores, en jurisdicción privilegiada.
¿Qué ha pasado que el Ministerio Público que fue muy diligente a la hora de mencionar los nombres de estos legisladores y, sin embargo, aún no formaliza acusación?.
Los diputados señalados para ser juzgados en jurisdicción privilegiada son: Rosa Amalia Pilarte (PRM-La Vega), vinculada en la red dirigida por su esposo, Miky López; Nelson Marmolejo Gil (PRM-Santiago), Faustina Guerrero Cabrera (PRM-Hato Mayor) y Héctor Darío Feliz Feliz (PRD-Pedernales), encartados en la denominada Operación Falcón.
El último caso involucra a Sergio Moya (PRM-Santo Domingo) en la denominada Operación Calamar.
DOS AÑO DE CASO PILARTE. Justamente hoy se cumplen dos años de que la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, sus dos hijos, Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte, además de Ada María Pilarte y José Antonio Román, así como las empresas Auto Crédito Selecto, SRL, Servi Crédito Selecto, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL. e Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL por narcotráfico y lavado de activos.
Para el próximo jueves, seis de julio, se cumplirá dos años de que el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, designó al magistrado Estévez para ser juez de instrucción especial en la investigación por lavado de activos y narcotráfico internacional, en la que se vincula a la diputada oficialista por La Vega, Rosa Amalia Pilar.
La designación se produjo mediante el auto 9-2021, el 6 de julio del 2021, en virtud de la solicitud hecha por el procurador adjunto, Pedro Inocencio Amador Espinosa, a los fines de obtener todas las autorizaciones judiciales y medidas cautelares necesarias que pudieran derivarse como consecuencia de la investigación en el caso de la diputada Rosa Pilarte, dada su investidura de legisladora.
A la congresista Pilarte se le acusa de movilizar en el sistema financiero nacional más de dos mil 550 millones de pesos, producto de actividades propias de lavado de activo, en una red integrada por otros a miembros de su familia.
1 AÑO Y 10 MESES DE FALCÓN. Hace alrededor de un año y 10 meses del desmantelamiento de la denominada Operación Falcón, entramado de lavado de narcotráfico y lavado de activos que involucra a 23 individuos, entre ellos, tres legisladores: Nelson Marmolejo Gil (PRM-Santiago), Faustina Guerrero Cabrera (PRM-Hato Mayor) y Héctor Darío Feliz Feliz (PRD-Pedernales)
El 16 de septiembre del 2021, la SCJ designó al juez Estévez en instrucción especial para conocer el proceso contra estos congresistas, mediante el Auto 16-2021.
La solicitud de designación de juez especial fue realizada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, con motivo de una investigación llevada contra los diputados Marmolejo Gil, Guerrero Cabrera y Feliz Feliz.
La SCJ recibió el expediente “Falcón” por parte del Ministerio Público, que, en colaboración con otras entidades nacionales e internacionales, realizaron diversos allanamientos en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones geográficas. La mayoría de los involucrados ya cumplieron el tiempo de medida de coerción de hasta 18 meses y esperan juicio en sus hogares. Pero el MP aún no procede.
CASO SERGIO MOYA. El juez Estévez otra vez es designado por la SCJ, ahora para conocer el caso del diputado Sergio Moya, PRM-Distrito Nacional, el pasado 12 de abril
La Operación Calamar es un entramado de corrupción que involucra a funcionarios del pasado y del actual gobierno en la expropiación de terrenos y mafias en juegos de azar por más de 19 mil millones de pesos.
De acuerdo con el expediente acusatorio del caso Cañlamar, delatores informaron que Gory Moya era uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería creado por el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.
Su nombre aparece luego del interrogatorio practicado a Ramón Emilio Jiménez Collie. El diputado oficialista anunció que está dispuesto a despojarse de su curul, si el Ministerio Público presenta pruebas en su contra.
