El expediente acusatorio del Ministerio Público contra los encartados en la operación Calamar, establece que la mayoría de los ilícitos cometidos por los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina fueron cometidos entre enero y julio de 2020, en plena declaratoria de estado de emergencia por COVID-19 por parte del poder ejecutivo.
El órgano acusador indica en el documento que durante este tiempo, además del COVID y la crisis económica, existían características particulares de elecciones presidenciales, congresuales y municipales, y aun así, los imputados lograron “estafar al Estado dominicano a través de múltiples libramientos de pagos por concepto de deuda administrativa, en virtud de procesos de contratos de compra y venta de inmuebles, de expropiación de terrenos, y cesiones de créditos”.
En la operación Calamar, ejecutada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo pasados, fueron apresados los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero, y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
Además el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el antiguo director de Catastro Nacional Claudio Silver Peña y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
De acuerdo a un documento de la Procuraduría General de la República, los cargos preliminares del Ministerio Público son asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.
El supuesto entramado de corrupción distrajo a los contribuyentes más de 19,000 millones de pesos, según el comunicado, y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el CEA, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado.
