Los exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, que funciona bajo la dependencia del Ministerio de Hacienda, jugaron un rol de principalía en la estructura que fue sometida a la justicia por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), por desfalco al Estado en la operación Calamar.
La Dirección de Casinos y Juegos de Azar fue la fachada bajo la cual se ideó e implementó un sistema de cobro ilegal a los dueños de bancas de loterías, bancas deportivas y a los colmados que tenían máquinas tragamonedas.
El dinero obtenido de este cobro fraudulento no era percibido por el Estado, sino que iba a parar directamente a la estructura liderada por Ángel Donald Guerrero Ortiz.
La idea del sistema de cobros llega por sugerencia de Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, quien le hizo la propuesta a la máxima autoridad del Ministerio. Indica la instancia acusatoria que pasó poco tiempo para que el mismo se pusiera en ejecución.
La participación del imputado Oscar Arturo Chalas Guerrero en el denominado proyecto o el programa radicó en la parte operativa. En el proyecto se concibió que la parte operativa del mismo le correspondía a la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, donde el director instruía a los encargados de operaciones, y ellos a su vez a los inspectores de Hacienda, para que procedieran al cierre inmediato de las bancas deportivas y de loterías si estos no realizaban los pagos exigidos, así como a quitar las máquinas tragamonedas.
Visto lo anterior, la participación del imputado Oscar Arturo Chalas Guerrero fue determinante para el inicio y desarrollo del proyecto ilícito mientras fue director de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, por el cual recibía dos millones de pesos como soborno de manos de Mimilo.
Inmediatamente Fernández ingresó a la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, se incorporó al proyecto de cobro de peajes ya mencionado, por instrucciones del entonces ministro.
Tras su nombramiento se realizó una reunión en la oficina de Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, donde se le manifestó que debía brindar todo el apoyo necesario al proyecto o programa, entiéndase, que como director permitiera que la parte operativa del plan ilícito la realizara el departamento de operaciones y de inmediato empezó a recibir la cifra de dos millones de pesos en efectivo como soborno , al igual que su antecesor
