Venezuela emitió una “alerta roja” a Interpol para pedir el arresto por “usurpación de funciones” de las tres integrantes de la nueva directiva del simbólico Parlamento electo en 2015, cuya continuidad defiende la oposición, anunció este lunes la Fiscalía.
“Hemos solicitado alerta roja internacional”, dijo el fiscal general, Tarek William Saab, en una declaración a la prensa en la que tildó de “criminales” a las nuevas autoridades del congreso opositor, reconocido por Estados Unidos y otros países aunque su período venció el año pasado.
El pasado sábado en la noche fueron lanzadas órdenes de aprehensión contra Dinorah Figuera, quien sustituyó al dirigente opositor Juan Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional de 2015, y su primera y segunda vicepresidenta, Marianela Fernández y Auristela Vásquez.
Las tres viven en el extranjero, nombradas luego de un conflicto interno en la oposición que llevó a eliminar la figura del “gobierno interino” de Guaidó, que también era avalada por Washington.
“Veremos qué hará en este caso España y Estados Unidos en relación a esta solicitud que el Ministerio Público ha realizado”, expresó Saab, que informó que su despacho también pidió la “incautación y aseguramiento de los bienes” que las acusadas tienen en Venezuela, el “bloqueo e inmovilización de cuentas” y la prohibición “de enajenar y gravar” propiedades.
Figuera, en una videoconferencia, desestimó la orden de detención en su contra, al subrayar que tiene “asilo político” en España: “Si la dictadura pretende tomar acciones contra la junta directiva, en principio, no va a poder”.
El fiscal Saab informó que igualmente se pidió la detención del secretario de la Asamblea Nacional de 2015, José Figueredo Márquez, y el subsecretario, Luis Alberto Bustos.
Con esta nueva investigación son 27 las causas abiertas por el Ministerio Público contra el viejo Parlamento de mayoría opositora, con 65 órdenes de detención.
Guaidó es blanco de numerosas investigaciones, sin que ello haya derivado en su arresto.
El Parlamento en funciones, controlado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) después de su triunfo en las elecciones legislativas de 2020, anunció que acompañará la investigación de la Fiscalía.
La oposición defiende la continuidad de la Asamblea Nacional de 2015 al denunciar esos comicios como un “fraude”.
