Por: Joel Suriel. – No solo la variación de medidas de coerción a imputados de grandes casos ha golpeado al Ministerio Público en este 2022, creando una percepción de pérdida en la lucha contra la corrupción, sino también varias descargas y emisiones de no ha lugar que han sido una piedra en el zapato de la Procuraduría General de la República que encabeza Miriam Germán.
Durante este 2022 varios casos fueron favorecidos con descargas y con un no ha lugar, cuando en años anteriores, los imputados enfrentaban su proceso en prisión preventiva.
Se trata de el descargo de todos los imputados en el caso Super Tucano, quienes fueron acusados por el Ministerio Público de recibir sobornos de 3.5 millones de dólares por parte de la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer).
También está el fallo de no ha lugar emitido contra los acusados de la venta ilegal del sector Los Tres Brazos, cuyos imputados, según el Ministerio Público, buscaban obtener ganancias superiores a los 5 mil millones de pesos con ese proceso.
Otro de los reveses que sufrió el Ministerio Público en este 2022 fue el descargo judicial a favor del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Gregorio Domínguez, quien fue acusado de desalojo ilegal en la comunidad Punta Rucia, en Estero Hondo, provincia Puerto Plata, y por el cual las autoridades persecutoras pidieron 5 años de prisión contra el legislador.
En estos casos, el Ministerio Público ha recurrido a la apelación de las sentencias, pero hasta el momento, ninguna ha sido acogida por las instancias judiciales de la República Dominicana.
Un común denominador en el descargo y no ha lugar en estos casos es que los jueces han asegurado que el Ministerio Público no ha presentado pruebas suficientes para imputar a los acusados.
Caso Tucano
Se recuerda que en mayo del año que finalizará dentro de tres días, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia absolutoria a favor de los implicados en el caso de los aviones Super Tucano, al declararlos no culpables de los delitos de corrupción administrativa por el que eran acusados.
El exministro de Defensa Rafael Peña Antonio, Daniel Aquino Hernández y Ramón Piccini Núñez fueron acusados por el Ministerio Público de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por Embraer para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano.
La jueza Arlin Ventura descargó de toda responsabilidad penal a los implicados en caso Tucano, alegando que el Ministerio Público no presentó pruebas considerables que justifiquen una condena en contra de los imputados.
Caso Los Tres Brazos
Casi inmediatamente después de la sentencia absolutoria del caso Super Tucano, es decir a la siguiente semana, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional favoreció con un no ha lugar a los imputados de la venta ilegal del sector Los Tres Brazos, al rechazar enviarlos a juicio de fondo.
El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró tomó la decisión al considerar que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) no presentó las pruebas suficientes que ameritaban que los acusados, entre ellos el exdirector del Corde Leoncio Almánzar, que ameritaran la apertura de un juicio de fondo.
En este caso fueron imputadas 17 personas, incluyendo a Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde).
Además de Leoncio Almánzar, por este caso fueron procesados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.
Por igual, figuraron entre los procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien supuestamente prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
Caso Gregorio Domínguez
En octubre del presente año, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia absolvió este lunes al diputado de la provincia Santiago, Gregorio Domínguez, quien fue acusado de desalojo ilegal.
Los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, presidente del tribunal y Fran Soto Sánchez, por decisión mayoritaria, declararon no culpables de la acusación a Domínguez debido a que no se probaron los elementos facticos denunciados en contra del legislador perremeísta por Santiago. El fallo contó con el vote disidente de la jueza María Gil Garabito.
