Variación de medida, retiro de grilletes y caso estancado en la SCJ; justicia ha sido “complaciente” con los López Pilarte

La justicia en la provincia La Vega al parecer ha sido benevolente con el empresario Micky López, su esposa Rosa Amalia Pilarte y varios de sus hijos, quienes han sido acusados por las autoridades de encabezar una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Varias decisiones tomadas por los tribunales de la provincia del Cibao en relación a los López Pilarte da a entender que ha habido una especie de complacencia hacia los acusados, que de prisión preventiva han pasado a ni siquiera tener que portar grilletes electrónicos para que las autoridades tengan su ubicación exacta en momentos en que se le conoce un juicio en su contra.

Incluso Rosa Amalia Pilarte, quien es diputada de La Vega por parte del Partido Revolucionario Moderno (PRM), por su condición de jurisdicción privilegiada al ser congresista, su caso está pendiente en la Suprema Corte de Justicia por su presunta implicación en la red de lavado liderada por su esposo y esta es la hora que no se ha presentado acusación, ni se sabe cuándo fue la última vez que fue citada la legisladora.

Las decisiones tomadas por los jueces no han sido bien vista por parte de la Fiscalía de La Vega, que ha apelado cada decisión que ha favorecido a la referida familia involucrada en lavado de activos.

Micky López solo guardó 6 meses de una prisión preventiva de 18 meses que le fue impuesta en junio del 2020, cuando en el país se vivía un proceso electoral en el que su esposa posteriormente fue elegida diputada de la nación. Miguel López Florencio, su nombre de pila obtuvo su libertad el pasado 2 de diciembre del 2020.

En junio del año pasado, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, y otros cuatro integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional.

Junto a López fueron acusados sus dos hijos, Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte, además de Ada María Pilarte y José Antonio Román, así como las empresas Auto Crédito Selecto, SRL., Servi Crédito Selecto, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL. e Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL.

Inmediatamente después de la acusación, en el país causó revuelo que la familia López Pilarte se paseara por hoteles de la zona este del país con los grilletes electrónicos puestos por las autoridades.

Aunque las imágenes causaron revuelo, Esteban Pérez, representante legal de los López Pilarte, aseguró que la medida de coerción impuesta a sus clientes no les impide recrearse ni desplazarse de una provincia a otra dentro de la República Dominicana.

Pero con la nueva decisión tomada por un tribunal, los López Pilarte no tendrán la necesidad de rendir cuentas de a cuales lugares se dirigen, puesto que sus grilletes electrónicos ya le fueron retirados.

El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito judicial de la provincia de La Vega varió la medida de coerción a los López Pilarte, a pocas semanas de la audiencia preliminar en el juicio en su contra, programada para el próximo 4 de noviembre.

El abogado Esteban Pérez dijo que en lo que respecta al tema de los grilletes electrónicos, la solicitud de la variación se debió a un tema económico, en vista de que sus clientes tienen todas sus cuentas bloqueadas.

Pérez explicó que el costo de mantención de los dispositivos de vigilancia sobrepasan los 28 mil pesos mensuales cada uno y el costo total asciende, hasta la fecha, a 1 millón 944 pesos, cantidad que se le dificulta pagar.

La fiscal de La Vega, Luz García, dijo que en su momento recurrirá a apelar la decisión del cambio de la medida, por entender que no es pertinente, añadiendo que respeta la decisión del tribunal.

Según el Ministerio Público, Micky López y su familia ha realizado movilizaciones en el sistema financiero nacional por más de RD$7 mil millones en los últimos años.

Además, los fiscales aseguran que la procedencia de ese dinero es ilícita, y que tampoco se corresponden con los reportes realizados por los imputados a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).