El Senado de la República aprobó hoy en primera lectura el proyecto de ley que regula la práctica de béisbol de personas menores de edad y su contratación al profesionalismo.
La pieza es autoría del vicepresidente de la Cámara Alta Santiago Zorrilla.
Le legislación pone de relieve la necesidad de un marco legal que defina los parámetros para la vigilancia de la práctica de este deporte.
La propuesta busca establecer la protección e integridad de los menores de edad que juegan pelota y define los parámetros y condiciones para la contratación de menores y jóvenes al profesionalismo.
Uno de los considerandos indica que “jóvenes entre los 12 y 16 años que demuestran habilidades, son reclutados con la finalidad de enseñarlos a jugar y someterlos a procesos alimentarios especiales y en muchos casos, a tratamientos a base de sustancias prohibidas, que culminan con afectarle su salud”.
Asimismo, que se preserven los intereses de los niños y adolescentes, cuyos derechos fundamentales deben prevalecer sobre cualquier otro derecho.
La pieza tiene una cláusula de obligatoriedad de un fideicomiso para los contratos de los menores de edad profesionales donde se establezca la colocación en un fideicomiso con el 40% del valor consignado en el contrato profesional.
La iniciativa obliga al padre, madre o tutor a crear ese fideicomiso a nombre del menor con la suma que corresponda al 40% del contrato.
La iniciativa de ley señala en los artículos 12,13 y 14 la obligación tanto de los padres como de la organización de béisbol profesional a la que pertenece a darle continuidad a los estudios del menor y facilitar la educación y aprendizaje de este.
Mientras que en el artículo 15 establece que las academias de grandes ligas y las academias privadas que manejan programas de entrenamiento con los jóvenes tienen la obligación de mantener la higiene y las condiciones físicas de las instalaciones donde estarán los jugadores, evitar el hacinamiento en las instalaciones, brindar la alimentación adecuada entre otros puntos.
La ley indica que se deberá elaborar un reglamento de implementación y se le dará un plazo de 180 días para que se elabore el mismo una vez la ley se promulgue.
El proyecto deberá ser conocido en segunda lectura en el Senado, luego pasará a la Cámara de Diputados para su conocimiento y aprobación.
