La irretroactividad, incluir la elusión fiscal y la Constitución de la República, son algunas de las exigencias de partidos de oposición y entidades de la sociedad dominicana para favorecer una aprobación de la Ley de Extinción de Dominio.
Con el oficialismo afinando todos los detalles para pasar la ley como una pieza ordinaria, los partidos de oposición han exigido que la misma sea aprobada como orgánica porque afecta varios derechos fundamentales como el de la propiedad privada.
Al ser consultada por N Digital, la vocera del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fiordaliza Peguero, pidió que se apruebe una ley que contenga irretroactividad y que se respete el artículo 112 de la Constitución, además de que se incluya la elusión fiscal.
“La irretroactividad, la elusión, abocarnos al artículo 112 de la Constitución que nos dice por qué esa ley debe ser orgánica y no ordinaria, yo creo que una ley con tantos conflictos y que cubre tantos intereses debe ser aprobada con la mayoría, debe haber un consenso, yo creo que se deben seguir escuchando los sectores”, indicó Peguero.
La congresista dijo que la mayoría del Congreso, en la representación del Partido Revolucionario Moderno (PRM), está dando un “caramelo envenenado” a la población con la Ley de Extinción de Dominio, ya que el PRD está seguro que la pieza será declarada nula por el Tribunal Constitucional dominicano.
“Queremos una ley que no esté atropellada, que no atropelle nuestra Constitución, nosotros estamos en toda la disposición porque sabemos que es una exigencia del país, pero no estamos dispuestos a llevarnos del populismo, y aprobar una ley que estamos seguros que al final de la jornada el Tribunal Constitucional la va a declarar nula, estamos jugando con la mentalidad del pueblo, le estamos dando un caramelo envenenado”, señaló Peguero a N Digital.
Mientras, la Fuerza del Pueblo (FP), partido liderado por el expresidente Leonel Fernández, reiteró este miércoles que apoyará la iniciativa, pero mostró su preocupación por el “empeño” del PRM en aprobar una ley que carece de discusiones en temas tracedentales como la retroactividad, la seguridad jurídica y la prescripción.
El PLD también expresó esta semana que apoyará la mencionada ley, pero el vocero de esa organización en el Senado, Yván Lorenzo, dio un voto disidente en la comisión bicameral que la estudia, porque el proyecto no contiene la elusión fiscal como un delito para que se le aplique la extinción de dominio.
Otra organización que apoya la aprobación de la ley es el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), pero señalan que la misma debe incluir una vacatio legis de por lo menos un año.
Ramón Rogelio Genao, vocero del PRSC en el Senado, también entiende que la pieza debe ser aprobada como una ley orgánica, porque afecta el derecho a la Propiedad Privada. El congresista también propuso que la iniciativa se llame Ley orgánica sobre juicios de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos
Esa organización también pide que la acción de extinción de dominio contra los bienes producto del crimen organizado, deben mantener la condición de delitos imprescriptibles, al tenor con lo establecido en el art. 49 del Código Procesal Penal, debe ser del mismo modo imprescriptible.
La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) es otra organización que expresó públicamente su respaldo a la Ley de Extinción de Dominio, que permitiría el decomiso de bienes ilícitos vinculados con actividades delictivas, pero planteó varias recomendaciones.
Para la ABA, es sumamente importante que se garantice la seguridad jurídica sobre el derecho real, personal o de cualquier otra naturaleza que, de buena fe, posea registrado un tercero sobre el bien objeto de extinción de dominio”.
“Es imperante delimitar la debida diligencia que debe agotar el adquiriente de buena fe pues, conforme se propone en los proyectos de ley, se pretende exigir a los terceros que su buena fe y diligencia se despliegue no sólo sobre los bienes que adquirirá, sino también respecto de la historia y condiciones de la persona de quien se adquiere”, agregó la entidad.
Advirtió que esta obligación obstruye e imposibilita la realización de las operaciones, y también impone cargas irracionales a los adquirientes de buena fe, desbordando el alcance de sus deberes constitucionales.
Asimismo, recomendó delimitar los tipos penales que podrán servir de base para un juicio de extinción de dominio.
Desde mayo de 2021 la Comisión Bicameral que estudia esta ley realizó jornadas de trabajo con más de 20 reuniones, en las cuales participaron experimentados juristas, consultores internacionales y representantes del sector público y privado, incluyendo vistas públicas donde fue convocada la ciudadanía para analizar el tema.
La normativa tiene el propósito establecer el marco legal para la regulación de la extinción de dominio de bienes ilícitos, definir las consecuencias y facultades de las autoridades responsables de su aplicación, reconocer los derechos y garantías de los intervinientes, sentar los principios fundamentales para el funcionamiento del sistema de administración de los bienes decomisados, además de establecer el procedimiento requerido para su declaración judicial a favor del Estado dominicano.
