A poco más de dos semanas de una denuncia realizada por el asesor honorífico del Poder Ejecutivo en Seguridad Ciudadana y Sistema Penitenciario, Roberto Santana, la misma parece haberse quedado en “el aire”, ya que la Procuraduría General de la República no ha informado sobre una investigación o sobre un proceso interno por lo declarado por el funcionario.
Santana denunció un entramado de corrupción que funciona en la cárcel de La Victoria donde el encargado de seguridad recibe siete millones de pesos todas las semanas. Y señaló al Gobierno y a personal técnico de la Procuraduría como responsables de que la cárcel de Las Parras no esté funcionando, pese a que hay edificaciones totalmente listas.
Sobre la denuncia, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, solo se limitó a decir que no tenía nada que decir y que Roberto Santana sabe cómo es el procedimiento para realizar una denuncia.
A esta altura del juego no se sabe si la procuradora ordenó una investigación sobre lo denunciado por Santana. Tampoco ninguna autoridad del centro penitenciario de La Victoria ha sido removida de sus funciones.
Sobre lo dicho por Santana sobre el hacinamiento de La Victoria y la negativa de la Procuraduría de abrir operaciones en Las Parras, Germán Brito afirmó que el hacinamiento en el referido centro penitenciario comenzará a resolverse cuando el Estado termine de readecuar el complejo ubicado en Las Parras en el municipio de Guerra, pero que este último está en un proceso de auditoría por parte de la Cámara de Cuentas.
“En nuestra gestión, incluso avanzamos algunos pasos en interés de readecuar el recinto de Las Parras para buscar solución al hacinamiento de La Victoria. Pero, como siempre respetamos los procedimientos legales, una vez que los órganos de persecución del Ministerio Público desarrollaron la Operación Medusa, la cual incluía a la denominada como Nueva Victoria, vimos el imperativo de esperar a que el complejo sea auditado debidamente por la Cámara de Cuentas, porque, como todos sabemos, forman parte de un expediente de corrupción bajo investigación”, enfatizó la magistrada Germán Brito.
Santana explicó que aunque Las Parras se construyó con una serie de defectos, y se realizaron los diseños para corregirlos, pero no está funcionando porque la actual gestión de la Procuraduría General tiene una visión equivocada, tras entender que debe permanecer cerrada hasta que todo el recinto esté auditado.
“Yo digo que hay un tema político en el sentido de que no se inaugure nada, de que no funcione, y eso tiene que ver con determinados sectores y funcionarios de la Procuraduría General de la República”, indicó el asesor.
Aseguró que hay más de ocho edificios listos y el área técnica de la Procuraduría constató que están bien, sin embargo la cárcel está cerrada.
