Brasilia.- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, minimizó este miércoles las dudas que ha suscitado en la oposición la compra de Viagra y prótesis peneanas por parte de las Fuerzas Armadas y afirmó que en todo ese asunto “no hay nada” irregular.
Esas operaciones de las Fuerzas Armadas, autorizadas por el Ministerio de Defensa, fueron reveladas esta semana por el diputado socialista Elías Vaz, que las detectó en una revisión de documentos oficiales sobre el manejo de los presupuestos militares.
Vaz dijo haberse sorprendido al descubrir que las compras para los hospitales de las Fuerzas Armadas incluían 35.000 comprimidos de Viagra y 60 prótesis de pene y solicitó que los organismos auditores investiguen el asunto y exijan una explicación al Gobierno.
El Ministerio de Defensa ha dicho que la Sildenafila, principio activo del Viagra, fue adquirida para el tratamiento de casos de hipertensión arterial pulmonar, una enfermedad poco común y que afecta principalmente a mujeres.
Bolsonaro, quien hasta ahora no se había pronunciado sobre el asunto, reforzó esa explicación durante una reunión que mantuvo este miércoles con legisladores y pastores de iglesias evangelistas, en la cual afirmó que “no hay nada” ilegal en esas compras.
“Las Fuerzas Armadas compran Viagra para combatir la hipertensión arterial y algunas enfermedades reumatológicas” y “con todo respeto, no es nada”, dijo el mandatario, quien apuntó sin embargo que “eso es mucho más usado, obviamente, por el personal inactivo y los pensionistas” del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina.
Bolsonaro englobó las sospechas que generaron esas compras en la “persecución” que dice sufrir de sus adversarios políticos y de la prensa local.
“Somos criticados todos los días por una prensa que tiene mucha mala fe y es ignorante sobre muchos asuntos”, añadió el líder de la ultraderecha, que además es capitán de la reserva del Ejercito y ha llevado a los militares a posiciones de poder en todos los ámbitos de su Gobierno.
El diputado Vaz, del Partido Socialista, ha insistido de todas formas en que el Gobierno debe explicar oficialmente esas compras, realizadas con dinero público, y ha insistido en que el Tribunal de Cuentas, órgano auditor del Estado, investigue si existe algún tipo de irregularidad en esas operaciones.
