Las estadísticas actualizadas hace una semana, revelan que la población carcelaria del país asciende a 27 mil 202 internos, distribuidos en tres Centros de Atención de Privados de Libertad (Caplip); 19 Centros de Privación de Libertad (CPL) y 24 Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR).
El proponente de la Ley que crea el nuevo sistema penitenciario, diputado Víctor Suárez, plantea que este problema se resuelve especializando recursos de bienes incautados y decomisados por la Procuraduría a infractores y creando cárceles pequeñas.
“Lo que ha pasado es que no ha habido una política pública desde la Procuraduría General de la República, donde pueda tener las cárceles disponibles, celdas disponibles para la misma. Ellos deben aplicar la ley y tenerla inversión para la misma y una mejor política criminal”, expresó el diputado Víctor Suárez al ser entrevistado en el Programa Nuria Investigación Periodística.
El propósito de la Ley 113-21 creada por el diputado Víctor Suárez y que fue promulgada el 20 de abril del pasado año, era romper con esta vieja práctica y que ya no existiera hacinamiento, pero la realidad es que se está lejos de eso y cada vez hay más amontonamientos.
De acuerdo al diputado Víctor Suárez, la razón es que ha faltado voluntad política y el Ministerio Público no ha sabido interpretar espíritu de la ley.
Pero, el prototipo cuando se habla de hacinamiento, es la cárcel de La Victoria, la más grande del país, construida para acoger a dos mil 103 huéspedes y tiene siete mil 691. Esto significa que solo la sobrepoblación de cinco mil 588 internos, que tiene este centro, asegura 909 reclusos más que la capacidad total de los 19 centros CPL del país juntos, incluido la propia Victoria.
“Para superar el hacinamiento, yo soy de lo que opinión que debemos ir creando por lo menos 10 centros penitenciarios, en igual número de localidades, y de tamaños pequeños. No podemos seguir teniendo cárceles de cuatro mil internos y entonces meterles 20 mil. Tenemos que tener cárceles de 20 personas”, aseguró el diputado.
En República Dominicana se promulgó la Ley 113-21 para transformar el sistema carcelario. Y crear el nuevo modelo Penitenciario, donde no hay hacinamiento, se aprende un oficio, hay libertad para hacer deportes, disfrutar de aire libre y culto.
El nuevo esquema, ha logrado que ya no exista la Dirección General de Prisiones, que administre las 19 cárceles No reformadas y ni tampoco el Nuevo Modelo Penitenciario como organismos distantes o independientes: ahora todo funciona con un solo organismo denominado Dirección General de Servicios Correccionales y Penitenciarios.
De ese universo, los hombres representan la inmensa mayoría con 26 mil 492, equivalente a un 97.4% y las mujeres, suman 710, 2.6%. De los 26 mil 492 hombres en prisión, 15 mil 931 están en condiciones de preventivo, igual al 60%; mientras que el 40% restante, está condenado, o sea, 10 mil 643 internos.
En los 19 centros CPL, o no reformados, alberga el 61% de la población carcelaria de RD, con 16 mil 476 internos, equivalentes al 60.1% y los CCR incluidos los tres Caplip, registra el 39.9 % con 10 mil 544 privados de libertad.
Las estadísticas de la Dirección General de Servicios Correccionales y Penitenciarios revelan que las mujeres son menos proclives a acciones delictivas, al juzgar por la cantidad de ellas que están tras barrotes.
Del total de 710 mujeres en prisión, en condición preventiva, hay 434, igual a 61.1%, mientras 276 cumplen condenas, para un 38.8%.
Sobrepoblación
Pero no todos los presos son iguales y no todas las cáceles le dan el mismo tratamiento y acogida.
Por ejemplo, en el Nuevo Modelo Penitenciario no admite hacinamiento y casi su totalidad opera con una población de internos que está por debajo de la capacidad, exceptuando el CCR17, conocido Najayo-Hombre, con capacidad para mil 117 internos, sin embargo, alberga mil 880, es decir, 763 reclusos por encima del tope y la razón es porque se está en la transición del viejo al nuevo modelo y funciona como una especie de híbrido.
Asimismo, los centros no reformados son minorías, pero tienen la mayor población de reclusos y en todos existen sobrepoblación de internos que, en algunos casos, sobrepasa hasta ocho veces la capacidad del penal.
Estos 19 centros fueron creados para albergar, a máxima capacidad, cuatro mil 679 privados de libertad, pero actualmente tienen 16 mil 479, lo que se traduce a que tienen 11 mil 800 reclusos por encima, casi tres veces más de lo que se debe recibir, equivalente a una tasa de hacinamiento de 252.2%.
La cárcel con menor capacidad que tiene el país, es la del 19 de Marzo, en Azua, y custodiada por el Ejército de la República Dominicana. Además, fue creada para albergar 23 internos y tiene 230, es decir, una tasa de hacinamiento de 889.2%.
En Nuria Investigación Periodística se informó que los internos en la cárcel de Baní, “están uno encima del otro, al juzgar porque el recinto está capacitado para acoger a 156 individuos y hasta el viernes de la pasada semana, habían 890, o sea 734 más del tope”.
Después de La Victoria, el penal con mayor capacidad para internos es la de La Vega, con capacidad para 730 y tiene mil 944, con una sobrepoblación superior a los mil 214.
La cárcel Higuey-Mujeres, con 89 internas, es la de menor hacinamiento, pues tiene 13 reclusas más que su capacidad, que es de 76.
Por otra parte, el 60% de los 27 mil 202 privados de libertad está de manera preventiva en cárceles de República Dominicana, lo que presumiblemente pone en tela juicio el sistema de justicia.
Es decir, 16 mil 368 hombres y mujeres están tras las rejas en espera de juicio, equivalente al 60%, lo que es un número muy desigual a los condenados, que suman 10 mil 834, equivalente a un 40%.
Asimismo, el mayor porcentaje de reclusos preventivos están en los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) con seis 812, de un total de 10 mil 723, para un 63.52%. En el Nuevo Modelo hay tres mil 866 mujeres y hombres condenados.
En este sistema, el penal con mayor nivel de los que esperan por justicia es CCR-14 Anamuya, Higuey, con 837 de un total mil 44, para un 80.2%, mientras que 207 están condenados, para un 19.8%.
Con un 28.5%, CCR-16 El Pinito, La Vega es el rentro del Nuevo Modelo con menor porcentaje de internos preventivos. En este lugar, casi dos tercio de sus huéspedes, o sea, 396 de un total de 554, están condenados, para un 71.5%
Los condenados en los Centros no Reformados equivalen al 43.41%, siete mil 54 de una población de 16 mil 479.
Los que esperan por justicia son mayoría y ascienden a nueve mil 425 para un 56.59%
El mayor porcentaje de preventivos están en la cárcel de San Juan, alcanzando un 83%, pues en esta condición están 580, de los 692 reclusos. Apena un 17% está condenado.
En la cárcel La Victoria los preventivos son cuatro mil, igual a un 52.2%, con los que se llenarían por completo las 19 cárceles del viejo modelo.
Los que ya están condenados suman tres mil 679, igual a 47.8%.
Reclusos extranjeros
Las cárceles dominicanas también acogen un total de mil 828 extranjeros guardan prisión en diferentes recintos, la mayoría de los cuales están en condición de preventivo, en espera de juico.
Estos extranjeros proceden de 39 nacionalidades diferentes, siendo los latinoamericanos la inmensa mayoría, en especial, los de Haití, Venezuela, Colombia y Puerto Rico.
Mil 342 extranjeros están recluidos en RD de manera preventiva, equivalente a 73%, en tanto que los condenados suman 486, o sea, 26.59%.
Conforme a las estadísticas actualizadas al pasado lunes por parte de la Dirección General de Servicios Correccionales, los haitianos representan el grupo carcelario mayoritario con mil 472, equivalente a 80%.
De este total de internos haitianos, mil 85 están en condición de preventivo, igual al 73.7%, y 387 están condenados, igual al 26.3%.
También 96 venezolanos están en prisión (5.8% del total general), la mayoría de los cuales (72) están preventivos y 24 condenados.
Víctor Suárez plantea que el Sistema carcelario debe poseer un recinto solo para albergar recluso de alta peligrosidad.
“Debe también crearse una cárcel de alta seguridad, con internos que por el tipo de delito cometido debe ir a cárcel especial de alta seguridad”, expresó.
Por su lado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, atribuye todos estos problemas a que el asesor del Poder Ejecutivo en políticas de Seguridad Ciudadana y Sistema Penitenciario, Roberto Santana, abandonó la comisión que se encargaba de reestructurar el sistema carcelario.
Mercedes indicó que, con el “abandono” de Santana, es imposible que la reforma del sistema penitenciario empiece a aplicarse en el 2023, por lo que el sistema carcelario dominicano está al borde del colapso.
También señaló que hay presos preventivos que no han obtenido su libertad, porque no han pagado sumas pírricas como garantía económica, que van desde los RD$500 hasta los RD$1,000.
