Por: Joel Suriel. – La propuesta del gobierno del presidente Luis Abinader para una reforma constitucional establece la unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, algo que había sido eliminado en la modificación a la Carta Magna del 2010.
Politólogos consultados por N Digital consideran que esta propuesta resultaría funesta para la vida constitucional e institucional de la República Dominicana, ya que ese tema se había discutido ampliamente a finales del siglo pasado y se determinó que lo más sano para la democracia era separarlas.
El politólogo David La Hoz señaló que aprobar esa propuesta retrotraería el desarrollo de los liderazgos locales en la República Dominicana, además de que fomentaría el arrastre electoral y el caudillismo que imperaba en años pasados.
“Entiendo que volver a discutir las elecciones municipales, congresuales y presidenciales a los fines de unificarla es retrotraer la vida constitucional e institucional del país a fines del pasado siglo, cuando se discutió ampliamente ese tema y se determinó que era conveniente la separación de las mismas, porque esta contribuiría al desarrollo de los liderazgos locales, como en efecto ha ocurrido, eliminaría el arrastre electoral y sería una manera de eliminar el caudillismo que imperó hasta entrado el siglo 21”, señaló La Hoz a N Digital.
Para el politólogo resulta contradictorio que una organización que se llame moderna como el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), impulse una propuesta como esa, más viniendo del presidente Luis Abinader que se considera a sí mismo como un mandatario democrático y que se desprende de poderes como ningún otro jefe de Estado en el país.
“Es un contrasentido, maxime que es un partido que se dice moderno el que está haciendo ese planteamiento y un presidente democrático que dice que en lugar de ponerse poderes está dispuesto a quitarse. Yo creo que los políticos dominicanos son antidemocráticos”, indicó.
Indicó que hay que acabar con la práctica de que cada administración gubernamental pretenda reformar la Constitución, ya que es un contrato social y la gente espera se le de un descanso a ese tema.
“La constitución es un contrato social y se hace de generación en generación, pero una misma generación de políticos no puede estar planteándose y en cada período gubernamental una reforma constitucional. Yo creo que la gente espera de Luis Abinader un descanso en ese tema, además de que él no cuenta con los votos”, recalcó.
LA PROPUESTA DEL 50+1
Aunque la eliminación del 50+1 necesario para ganar unas elecciones presidenciales no ha sido propuesto de manera formal en la Reforma Constitucional que pretende impulsar el Gobierno, dirigentes de partidos opositores no descartan que ese tema se cuele en las discusiones y sea el propósito principal del presidente Luis Abinader.
El politólogo Belarminio Ramírez, al ser consultado por N Digital, señaló que el gobierno del PRM tiene todo el propósito de cambiar el sistema electoral, debido a que el contexto actual dificultaría una eventual reelección del presidente Abinader.
Ramírez aseguró que el principal objetivo de la reforma constitucional es eliminar el 50 más un voto del sistema electoral, y no fortalecer la independencia del Ministerio Público como ha dicho el mandatario.
“El PRM pregona que fortalecer la independencia del Ministerio Público es el principal propósito de reformar la constitución, pero lo importante para ellos, es cambiar el sistema electoral de 50% más un voto para la elección del presidente de la República en primera vuelta. Saben que con la crisis económica que deteriora la calidad de vida de las gentes y el hecho de que no estén satisfaciendo las expectativas de cambio que vendieron en la campaña, no podrán en ningún escenario, ni de primera ni segunda vuelta, alcanzar mitad más uno de los votos”, indicó Ramírez.
PRINCIPALES PROPUESTAS DEL GOBIERNO
La semana pasada, el Gobierno presentó este miércoles, en un debate en el marco del Consejo Económico y Social (CES), su propuesta de reforma a la Constitución. La principal propuesta se refiere al cambio en el sistema de elección del procurador general de la República, que ahora es designado por el presidente de la nación.
La propuesta contempla que el procurador, que pasaría a llamarse fiscal general de la República, sea nombrado por un período de seis años, conforme al mecanismo que se establezca en una futura ley.
Del mismo modo, se introduciría una modificación en la Constitución para que el fiscal pueda ser interpelado por la Cámara de Diputados y el Senado para rendir cuentas, según explicó el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
En relación a las funciones del fiscal general, se le retiraría la potestad de formular e implementar la política contra la criminalidad y también se le quitaría la administración del sistema penitenciario.
