El Instituto Duartiano rechazó este miércoles de manera categórica la pretensión del gobierno dominicano, a través de la Dirección General de Migración, de dotar de documentación de identidad a súbditos de otra nación, porque constituye un acto de intromisión en los asuntos internos de otro Estado.
El presidente del organismo patriótico, doctor Wilson Gómez Ramírez, expresó que “la identificación documental de una persona la tiene que hacer, en principio, el país de origen de la misma, pues el registro civil de cada Nación constituye una parte cardinal de su soberanía”.
Señaló que la Constitución dominicana establece de manera muy clara en la parte final del artículo 3, relativo a la soberanía, que “el principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana”.
Dijo que “creemos que es una cuestión evidente que se cierne un verdadero peligro para la soberanía dominicana, ya no es solo el bombardeo de los activos corredores de parturientas, la descontrolada y masiva presencia de ilegales haitianos, el desbordamiento de las escuelas con estudiantes haitianos que resisten rendir reverencia a los padres de la Patria y a los símbolos y valores de la dominicanidad, sino que ahora se pretende abrir un registro civil paralelo para otorgar verdaderas cédulas encubiertas bajo la denominación de “carnet de habitante fronterizo”.
“Con el mayor sentido de urgencia, nosotros queremos llamar la atención del señor presidente de la República, Luis Abinader, para que pondere este despropósito que puede costarle muy caro a todos los dominicanos”, manifestó el presidente del Instituto Duartiano.
Apuntó que “hemos vivido experiencias pasadas cuando se dotó de un documento, inclusive precario, a haitianos que trabajaron aquí en la República Dominicana de manera temporal y esta ha sido la base para pretensiones de supuesta legitimidad para ellos y sus descendientes”.
Agregó que “ya el pueblo dominicano no puede seguir resistiendo estos dislates de quienes todavía no entienden la magnitud de esta problemática, y solo apelan a la descalificación a priori de quienes tenemos posiciones asumidas desde una seria ponderación y bajo consideraciones patrióticas e históricas”.
Por último, reitero que “esta entidad patriótica no cesará ni un instante en la defensa del supremo interés general de la Nación, considera hasta poco prudente plantear esto, precisamente, cuando se cumplen 200 años de la brutal y salvaje ocupación militar del 9 de febrero de 1822, hecho que perjudicó gravemente al pueblo dominicano. Y este pueblo no merece que le someta a este estado de intranquilidad y desasosiego”.
