Los aboados del exjefe de seguridad del expresidente de la República Danilo Medina, general activo Juan Camilo de los Santos Viola, califican el conocimiento de medidas de coerción contra su cliente como una “masacre anticipada”, en el marco de la Operación Coral 5G que condujo al arresto de varios generales por encabezar un supuesto entramado militar que se apropió de recursos del Estado a través de varias instituciones públicas.
Julio Cury, quien encabeza la barra de la defensa de De los Santos Viola, dijo que la jueza Kenya Romero, quien conoce la solicitud de medidas de coerción contra los generales y que fue recusada por el exjefe de seguridad del expresidente Medina, tiene el mismo patrón tanto en los casos Coral, Medusa y Coral 5G, que es aplicar 18 meses de prisión preventiva a los imputados.
Por otro lado, Cury reveló que la denuncia por prevaricación contra la jueza Romero fue presentada por otro equipo de abogados que fue apoderado por el general de los Santos Viola.
Por este entramado de corrupción, el Ministerio Público también sometió a los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y Boanerges Reyes Batista (ARD), así como al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD), los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).
También al teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) y al mayor José Manuel Rosario Pirón (PN). Igualmente, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.
Junto a la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público depositó más de 700 pruebas que vinculan a los imputados al entramado de corrupción administrativa desmantelado con la Operación Coral 5G.
El auto de solicitud incluye documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios.
En la audiencia también representaron al Ministerio Público los fiscales Mirna Ortiz, María Melenciano, Jonathan Pérez y Arolin Lemos Féliz.
El grupo de imputados de la Operación Coral 5G es custodiado por el sistema penitenciario en el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (Caplip) del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó con 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega, en una acción sincronizada, dirigida por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, responsables de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
Estas nuevas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral, por la que también desde mayo pasado cumplen prisión preventiva de 18 meses varios miembros de la Policía Nacional y organismos castrenses.
