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Participación Ciudadana reacciona contra INPOSDOM ante contrato irregular con empresa Mía Cargo

Participación Ciudadana reacciona contra Inposdom ante contrato irregular con empresa Mía Cargo

Santo Domingo.- La coordinadora general de Participación Ciudadana, Leydi Blanco cuestionó a las autoridades que actualmente representan a la sociedad dominicana, ante el trabajo de investigación presentado por periodista Nuria Piera, que pone en evidencia una alianza irregular del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) con la empresa Mía Cargo, violando varias leyes, como la 47-20 de Alianza Público Privada y 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

Para Blanco, el servidor público debe estar alineado a las demandas de la población, que en los últimos tiempos se ha empoderado exigiendo transparencia en el manejo de los recursos públicos y el uso eficiente de los mismos.

“Lamentablemente hemos visto como en este reportaje, la integridad de esa persona ha sido, en otros escenarios, ha sido puesta en tela juicio por mal manejo en sus funciones.” Señaló la titular del movimiento cívico no partidario.

Ciertamente, solo para recordar uno de los casos donde se ha visto envuelto el director de INPOSDOM, Adam Peguero, en noviembre del 2006, Peguero fue cancelado Administrador del Comedor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, junto Rafael Fernández y Víctor Hugo Delancer, luego de realizado un proceso de auditoria.

“Sabemos que es oportuno que la dirección de compras y contrataciones en este caso, pues haga las investigaciones de lugar y en caso de que esas irregularidades que hemos visto se puedan comprobar y auditar de mánenla mas ampliada, pues sean presentadas ante el ministerio público.”  Demandó la coordinadora de PC.

De acuerdo a los datos desmantelados por el programa de investigación con Nuria Piera, el contrato con la referida empresa es irregular al no haber realizado ningún proceso competitivo, además de violar la 140-15 del Notariado, debido a que las firmas están certificadas por un notario del Estado de la Florida; y la 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en virtud de que carece de una declaración sobre el origen de los fondos utilizados.

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