El Gobierno de El Salvador esperará “un par de semanas más” para presentar una reforma al sistema de pensiones de los trabajadores públicos y privados, propuesta que, en un primer momento, sería enviada a la Asamblea Legislativa este viernes.
El presidente Nayib Bukele anunció el pasado 15 de septiembre, en un discurso en el marco del bicentenario de la independencia de Centroamérica, que el Ejecutivo enviaría en un mes -a partir de ese momento- dicha propuesta.
Sin embargo, al filo de la pasada medianoche el mandatario público en su Twitter que se decidió tomarse “un par de semanas más para escuchar a los trabajadores y presentar una propuesta de reforma de pensiones que SÍ responda a las expectativas de los trabajadores”.
“Por primera vez, nuestro país tendrá una reforma para el pueblo y construida con el pueblo”, escribió sin detallar a qué sectores de la sociedad ya se les ha consultado sobre la reforma.
De acuerdo con Bukele, con dicha reforma “garantizaremos que al fin tengan (los trabajadores), al menos en el rubro de la pensiones, lo que se merecen” para “ya no tener pensiones de hambre a las que fueron sometidos”.
El presidente no ha mencionado si asignó a un equipo técnico para la elaboración de dicha propuesta de reforma que tendrá que ser analizada por los parlamentarios.
Actualmente, la edad de jubilación en El Salvador es de 55 años para las mujeres y para los hombres de 60 años.
De acuerdo con el Gobierno salvadoreño, la pensión por vejez mínima vigente es de 304,10 dólares por mes, que llegó a esa suma tras un incremento este año del 46,5 %.
Durante años, diversos sectores se han manifestado por las pensiones que reciben y han exigido un aumento de las mismas, además del cierre de las administradoras privadas para regresar a un sistema público.
En septiembre de 2017, la Asamblea Legislativa modificó el sistema de pensiones e incrementó la cotización de los trabajadores en dos puntos porcentuales del salario, con lo que pasó del 13 % al 15 %.
Diferentes sectores señalaron en ese momento que el aumento en la cotización no se traduce en un incremento en la pensión de los trabajadores, dado que es utilizado para pagar la deuda estatal con las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de unos 5.700 millones de dólares.
También sirve para la cancelación de las pensiones de los jubilados en el sistema público abandonado en 1998 y los primeros del actual, que ascienden a más de 160.000 personas, y cuya pensión estaba a cargo del Gobierno.
En abril de 2017, el Gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén cayó en el impago de la deuda con las AFP por la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición para emitir bonos en el Congreso y saldar el pago, por lo que tuvo posteriormente que recortar 56 millones del presupuesto estatal.
El impago desencadenó una caída en la imagen financiera del país con la baja de la clasificación de riesgo soberano por las principales agencias calificadoras del mundo.
Fuente: EFE
