El procurador adjunto Wilson Camacho resaltó que la fortaleza de la investigación que llevó a la Operación Falcón quedó demostrada cuando dos jueces impusieron las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público contra tres de los imputados.
“Hemos estado en tres audiencias de la Operación Falcón: la de esta mañana que se aplazó para el lunes, y en la tarde se conocieron dos, a la primera se le aplicó como medida de coerción el arresto domiciliario, que fue como lo solicitó el Ministerio Público al juez, y en esta audiencia que termina se le ha impuesto a los imputados prisión preventiva, que ha sido también lo que ha solicitado el Ministerio Público”, dijo Camacho.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) resaltó que las medidas de coerción reflejan el trabajo del Ministerio Público y la profundidad de su investigación.
“Hemos establecido siempre, que vamos a llevar los procesos (a los tribunales) solo cuando están blindados, y ese blindaje lo da la cantidad y la fortaleza de las evidencias que aportamos, y es la razón por la que el tribunal ha acogido la solicitud que ha hecho el Ministerio Público”, añadió.
Tras acoger la solicitud del Ministerio Público, el juez Cirilo Salomón Sánchez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra los hermanos Alberto de Jesús Polanco y Alberto Enmanuel de Jesús Polanco (Many), vinculados a la red criminal desmantelada con la Operación Falcón. Los hermanos deberán cumplir prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en esta ciudad.
Los equipos de fiscales también lograron que el juez Cirilo Salomón Sánchez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, impusiera prisión domiciliaria al imputado Enerio Rafael Sandoval.
En el caso de los hermanos de Jesús Polanco están acusados de asociación de malhechores, tráfico de drogas y patrocinio, así como lavado de activos provenientes del narcotráfico y violación a la Ley para el Control y Regulación de Armas, en perjuicio del Estado dominicano.
