El procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos explica que las autoridades persiguen reforzar el trabajo de todas las fiscalías del país frente a la violación de la Ley 248-12
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público agota un proceso de rediseño de sus protocolos de persecución a los delitos relacionados con el abuso contra los animales, con el objetivo de extender su accionar a toda la geografía nacional y procurar que los fiscales velen por el cumplimiento de la ley en ese ámbito.
El procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, miembro del Consejo Superior del Ministerio Público, explicó que desde hace varios meses el Ministerio Público está inmerso en un proceso de revisión de su Departamento de Protección Animal.
“Confiamos, incluso, en que todos los ciudadanos creen conciencia frente a los animales y que, además, sepan que están amparados por la Ley 248-12, sobre Protección Animal y Tenencia Responsable, del 15 de agosto de 2012”, dijo Espiñeira Ceballos.
En ese contexto, ponderó el interés de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (Propeep) en construir el “Primer Albergue Modelo Estatal”, el cual permitirá al Gobierno central asumir el cuidado de los perros albergados en Pedro Brand.
Espiñeira Ceballos informó que el director del Propeep, José Leonel (Neney) Cabrera Abud, informó al Ministerio Público, a través de una comunicación del pasado 2 de este mes, que en los terrenos de Pedro Brand en donde se encuentra el refugio de la Unidad de Protección Animal de la Procuraduría General de la República, el Gobierno busca establecer “el Primer Albergue Modelo Estatal”, para el cual ya se tienen los planos y un presupuesto estimado.
“Sabemos que el respaldo de los ciudadanos conscientes resulta clave en la lucha frente al abuso contra los animales, ponderamos sus denuncias a través de las redes sociales y también queremos que sean proactivos para denunciar los casos en sus respectivas fiscalías, porque queremos que estos delitos se persigan con la misma determinación en todas las jurisdicciones”, dijo Espiñeira Ceballos.
Ponderó el interés del Gobierno central en el albergue, ya que la Unidad de Protección Animal de la Procuraduría General de la República tiene limitaciones económicas, con un presupuesto asignado de RD$200,000 al mes para sus actividades.
Con sus limitados recursos, la unidad tiene bajo su responsabilidad las atenciones veterinarias al albergue de perros de Pedro Brand, que en estos momentos acoge a unos 75 perros. “Sólo en este mes en la Procuraduría General se gastarán 273,000 pesos en la alimentación, cuidado y vigilancia de los animales y cada mes recibimos un promedio de 50 situaciones que involucran animales”, detalló Espiñeira.
La legislación pone bajo la responsabilidad del Ministerio Público la persecución de los delitos de abuso contra los animales, mientras que Salud Pública debe poner en funcionamiento albergues en el Distrito Nacional y las cabeceras de provincias. Además, a los ayuntamientos y a las juntas de distritos municipales les corresponde la instalación de albergues particulares en sus demarcaciones.
La Ley 248-12 impone sanciones de tres a seis meses de prisión y entre 10 y 20 salarios mínimos de multa para quienes maltraten a los animales; en los casos con tipificación de crueldad, la prisión será de seis meses a un año y las multas entre 25 y 50 salarios mínimos.
