La falta de facilidades técnicas y de medidas sanitarias para evitar los contagios impidieron este lunes a la convención encargada de redactar una nueva Constitución en Chile seguir sesionando, una situación que despertó críticas por parte de la mayoría de los constituyentes contra el Gobierno.
La sesión tenía que haber comenzado a las 15.00 hora local (18.00 GMT), pero se decidió suspenderla debido a que no había espacio suficiente en las dependencias del antiguo Congreso Nacional, en Santiago, para que pudieran trabajar cómodamente y sin riesgo los 155 constituyentes elegidos el pasado mayo.
“Fue algo insólito, llegamos a la sesión y nos dimos cuenta de que no estaban habilitadas las dependencias del edificio para poder sesionar respetando los protocolos sanitarios que exigen un determinado aforo”, explicó a Efe el constituyente y académico Fernando Atria.
Los constituyentes opositores del izquierdista Frente Amplio (FA) acusaron al Gobierno de “negligencia” y pidieron en una declaración pública la renuncia del ministro de la Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa.
Según dicta la normativa vigente, la Segpres es la encargada de “prestar el apoyo técnico, administrativo y financiero para la instalación y funcionamiento de la convención”.
“Exigimos que este Gobierno entregue las explicaciones del caso a la Convención Constitucional y a todo Chile respecto a la negligente gestión del presupuesto de más de 850 millones de pesos destinados a la habilitación de los espacios de trabajo”, pidieron desde el FA.
Para la constituyente Alejandra Pérez, sin afiliación a ningún partido y miembro de la llamada “Lista del Pueblo”, que reúne a líderes sociales de las grandes protestas de 2019, lo ocurrido este lunes “es una falta de respeto”.
En un hito sin precedentes y con un sistema que privilegiaba las listas de las grandes coaliciones, ciudadanos no militantes consiguieron 48 de los 155 escaños.
La dividida oposición de centro y de izquierda se hizo con 53 cupos, mientras que la derecha oficialista fue la gran perdedora de los comicios, con 37, pese a concurrir unida a las elecciones. Además, hay 17 escaños reservados para los pueblos indígenas.
SIN EXPLICACIÓN OFICIAL
El Gobierno no ha dado explicaciones y hasta ahora se desconoce cuándo se podrán reanudar las sesiones. Sí se pronunciaron los constituyentes oficialistas, que culparon de la situación a la mesa directiva, escogida el domingo y liderada por la activista mapuche y lingüista Elisa Loncón.
“En estos momentos estamos viendo una improvisación increíble de la presidencia y vicepresidencia de la convención. Nos citaron a una sesión que no se puede realizar”, afirmó el constituyente Ruggero Cozzi, del derechista Renovación Nacional.
La asamblea constituyente, que es paritaria entre hombres y mujeres -algo inédito en el mundo-, tendrá hasta un año para redactar la nueva carta magna, que será sometida en 2022 a un referéndum con voto obligatorio.
El proceso constituyente en el que está inmerso Chile fue la solución que encontraron los partidos para calmar la ola de protestas que estalló en octubre de 2019, las más graves desde el fin del régimen militar, con una treintena de muertos y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema, con incendios y saqueos.
La situación de una veintena de manifestantes que siguen detenidos o con medidas cautelares desde el estallido y a quienes la izquierda considera “presos políticos” iba a centrar la reunión de este lunes, que se esperaba igual de tensa que la del domingo, celebrada al aire libre y en la que se instauró oficialmente la convención constituyente.
La sesión inaugural, en la que fue investida Loncón, arrancó con mucha tensión y tuvo que ser suspendida durante más de una hora, luego de que varios constituyentes denunciaran represión policial a las afueras del recinto contra familiares de detenidos en las marchas que pedían al Parlamento la aprobación de una ley de amnistía.
