El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps García, emitió este martes la resolución no. 17-21 que instruye a los empleadores la implementación de medidas y facilidades para el otorgamiento de permisos a los trabajadores, a fin de que puedan acudir a la jornada especial de vacunación comunitaria dispuesta mediante el decreto presidencial número 349-21.
La resolución solicita a los empleadores aplicar medidas internas, facilidades y permisos para que los trabajadores domiciliados y/o residentes en el Gran Santo Domingo y la provincia de San Cristóbal, puedan asistir a la jornada de vacunación que tendrá lugar desde el jueves 3 de junio hasta el domingo 6 del presente año, en los distintos centros de vacunación dispuestos por el Gobierno, contra el virus que provoca el COVID-19.
El documento establece en su segundo artículo que los permisos y dispensas no están condicionados a la pérdida de cualquier beneficio, derecho o prerrogativa que por la naturaleza de su actividad laboral hubiese tenido acceso de no ser por el permiso o la dispensa. La implementación de estas medidas deberá aplicarse de modo que afecten lo menos posible la dinámica interna y el desarrollo de las labores habituales de cada empresa, y garantizar posibilidad de los trabajadores de acudir a la jornada de vacunación.
Esta medida ha sido tomada por la institución debido a la creciente ola que vive el país del Coronavirus, y que ha obligado al Gobierno Central a reforzar las medidas de control para evitar que continúe la propagación del virus, así como asegurar que toda la ciudadanía reciba las dosis de vacunación con el fin de reducir muertes y contagios graves a causa de la pandemia.
Se recuerda que el Gobierno dispuso de la realización de una jornada especial de vacunación comunitaria, que se llevará a cabo desde el jueves 3 hasta el domingo 6 de junio de 2021 en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y San Cristóbal.
La disposición que está contenida en el decreto 349-21, establece que la vacunación de las personas contra el COVID-19 es una prioridad nacional, razón por la cual el Gobierno se encuentra implementando el Plan Nacional de Vacunación, en cumplimiento de su deber constitucional de proteger efectivamente la dignidad, la salud y los demás derechos fundamentales de su población.
