Crímenes policiales justificados bajo orden de “carta blanca”

La muerte a tiros de los esposos Eliza Muñoz Marte y Joel Díaz, abatidos por una patrulla de la Policía Nacional en Villa Altagracia, pone en evidencia que aún se continúa en el país viejas prácticas policiales denominadas “carta blanca”.

El abogado Cándido Simón consideró que la muerte por error de dos jóvenes cristianos, a manos de seis miembros de la Policía Nacional, pone en evidencia que los agentes tenían la orden superior de perseguir a unos sospechosos de atraco para matarlos, no para apresarlos.

Polanco estima que esa actuación ha puesto en evidencia que no basta con reformar la Policía, sino que hay que transformarla, comenzando por reformular el método de entrenamientos.

“Es que los policías son formados para matar, entrenados y adoctrinados en desprecio a la vida humana. Ellos no son los únicos responsables, también lo son sus superiores mediatos e inmediatos”, afirmó.

CARTA BLANCA. La “carta blanca”, aunque no tiene un concepto jurídico ni mucho menos legal, metafóricamente significa darle libertad total a un agente o un grupo para actuar sin restricciones, como matar.

Algunos tratadistas internacionales señalan que la carta blanca se les da a policías y militares autorizándolos a usar sus armas sin ningún temor, pero siempre actuando en el marco de lo necesario.

Cuando se tiene orden con carta blanca, se otorga la libertad al ejecutor para actuar, sin limitar las facultades y sin contemplaciones.

Normalmente la policía da carta blanca a sus agentes, cuando buscan a individuos que están fuertemente armados y son capaces de emprender fuego contra ellos y en cualquier intento de no respetar señal de pare, bajar vidrios rápidamente o cualquier otro movimiento anormal puede desatar el llamado a fuego.

Cuando los forajidos tienen un amplio prontuario negativo, armados hasta los dientes y no reparan en abrir fuego.

Cuando un jefe policial recomienda  a prófugos entregarse por las vías que estimen pertinentes, estos saben que sus vidas corren peligro y normalmente recurren a la intermediación de a figuras públicas, periodistas influyentes, derechos humanos, pastores y sacerdotes para entregarse y preservar sus vidas.

Un caso muy conocido ocurrió en marzo del 2013 cuando el entonces jefe de la Policía, José Armando Polanco Gómez, dijo que gustaba que uno de los presuntos matadores del teniente coronel Pedro de la Cruz, no se entregara, para ellos, los agentes bajo su mando, arrestarlo. La sugerencia fue un individuo conocido solo como “Cacón”, quien supuestamente disparó contra De la Cruz.

Al día siguiente, Cacón fue acribillado por una patrulla policial, en una humilde casita del sector Marañón Dos.